Santo Domingo, RD El Ministerio Público anunció durante esta semana su acusación a un grupo de militares y civiles de conformar una supuesta red criminal dedicada a estafar al Estado dominicano, a través de exigencias de sobornos y manipulación de contratos, a fin de favorecer a contratistas que ofrecen servicios de seguridad privada.
De acuerdo con los fiscales, la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral SRL (Senase) pagó al menos RD$ 108 millones a funcionarios del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las distribuidoras de electricidad Edenorte, Edesur y Edeeste, entre los años 2012 y el inicio de 2025.
Pero, ¿quiénes fueron los que presuntamente recibieron dinero?
Según la solicitud de medida de coerción depositada por las autoridades, Senase, propiedad el imputado Quilvio Bienvenido Rodríguez González, como parte de este entramado, pagaba a funcionarios entre un 5 % y un 10 % del valor total de la facturación mensual, con el objetivo de garantizar la continuidad de los contratos.
Este formato se replicaba, en diferentes montos de dinero, en las entidades públicas anteriormente mencionadas.
Sin embargo, el individuo que obtuvo los mayores beneficios de esta supuesta red de corrupción fue Bolívar Nicolás Fernández Espinal, otro de los implicados en el caso.
El órgano persecutor afirmó en el mencionado documento que Fernández Espinal recibió más de más de RD$ 35.3 millones durante el período 2020-2025, en calidad de sobornos.