Santo Domingo.- En los últimos meses hemos visto una proliferación de las demandas por difamación e injurias que involucran a personalidades del mundo del entretenimiento y la política, tendencia que está sentando un precedente innegable para los nuevos comunicadores en la República Dominicana.
La época de lanzar acusaciones sin una debida sustentación en las plataformas digitales empieza a tener consecuencias reales, económicas y penales en el país; así lo evidencian las recientes decisiones judiciales que ponen de manifiesto un endurecimiento significativo en la aplicación de las normativas que protegen el honor y la intimidad personal.
Los magistrados están enviando un mensaje disuasivo muy claro desde los estrados: "La libertad de expresión, aunque es un derecho fundamental, no es un escudo absoluto para destruir la reputación ajena de manera impune".
El detonante mediático: Tamara Martínez y Gabi Desangles
El caso más reciente y mediático es el de la comunicadora Tamara Martínez, sentenciada a tres meses de reclusión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Mujeres como resultado de una querella formal interpuesta por la presentadora y actriz Gabi Desangles.
La jueza Clara Luz Almonte fundamentó su histórico fallo en la estricta aplicación de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, al quedar fehacientemente demostrado que Martínez vulneró la dignidad de Desangles mediante plataformas digitales sin aportar evidencias.
Este contundente veredicto marca un antes y un después en el ecosistema de la farándula nacional, pues el castigo carcelario establece un límite tangible para aquellos panelistas que utilizan los medios electrónicos para generar controversias injuriosas con el fin de obtener visitas.
Gory Moya vs. Ángel Martínez
El mundo del espectáculo no es el único escenario donde se están librando estas intensas batallas legales, ya que el competitivo ámbito de la política dominicana también ha sido testigo de acciones contundentes orientadas a frenar en seco las campañas sistemáticas de descrédito.























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