Santo Domingo.- En los últimos meses hemos visto una proliferación de las demandas por difamación e injurias que involucran a personalidades del mundo del entretenimiento y la política, tendencia que está sentando un precedente innegable para los nuevos comunicadores en la República Dominicana.
La época de lanzar acusaciones sin una debida sustentación en las plataformas digitales empieza a tener consecuencias reales, económicas y penales en el país; así lo evidencian las recientes decisiones judiciales que ponen de manifiesto un endurecimiento significativo en la aplicación de las normativas que protegen el honor y la intimidad personal.
Los magistrados están enviando un mensaje disuasivo muy claro desde los estrados: "La libertad de expresión, aunque es un derecho fundamental, no es un escudo absoluto para destruir la reputación ajena de manera impune".
El detonante mediático: Tamara Martínez y Gabi Desangles
El caso más reciente y mediático es el de la comunicadora Tamara Martínez, sentenciada a tres meses de reclusión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Mujeres como resultado de una querella formal interpuesta por la presentadora y actriz Gabi Desangles.
La jueza Clara Luz Almonte fundamentó su histórico fallo en la estricta aplicación de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, al quedar fehacientemente demostrado que Martínez vulneró la dignidad de Desangles mediante plataformas digitales sin aportar evidencias.
Este contundente veredicto marca un antes y un después en el ecosistema de la farándula nacional, pues el castigo carcelario establece un límite tangible para aquellos panelistas que utilizan los medios electrónicos para generar controversias injuriosas con el fin de obtener visitas.
Gory Moya vs. Ángel Martínez
El mundo del espectáculo no es el único escenario donde se están librando estas intensas batallas legales, ya que el competitivo ámbito de la política dominicana también ha sido testigo de acciones contundentes orientadas a frenar en seco las campañas sistemáticas de descrédito.
Un ejemplo irrefutable de esto es la querella interpuesta por el actual diputado Sergio "Gory" Moya contra el comunicador Ángel Martínez, cuyo proceso judicial fue motivado por una serie de declaraciones públicas donde el emisor vinculaba directamente al legislador con presuntas redes de actividades ilícitas.
Ante estos severos señalamientos que atentan contra su honra, el equipo legal del congresista decidió llevar el caso a los tribunales exigiendo el cese inmediato de las difamaciones y la correspondiente sanción penal, estableciendo firmemente que no permitirán agresiones a su moral ni a su carrera política escudadas bajo la fachada de un falso ejercicio periodístico.
La demanda contra Martínez prosperó y terminó siendo sentenciado a tres meses de prisión suspendida y al pago de una multa de dos millones de pesos, tras hallarlo culpable de difamación e injuria.
Alicia Ortega vs. Aquiles Jiménez
Asimismo, la prensa de investigación y sus figuras más consagradas han tenido que acudir a los estrados para salvaguardar su credibilidad profesional, tal como ocurrió cuando la reconocida periodista Alicia Ortega y el empresario televisivo Fernando Hasbún tomaron la decisión irrevocable de someter a la justicia al comunicador digital Aquiles Jiménez.
Guzmán Fermín vs. "Corrupción al Desnudo"
Otro antecedente judicial de gran relevancia que culminó en una condena formal enfrentó al exjefe de la Policía Nacional, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, y a Rafael Antonio Guerrero Méndez, reconocido por ser el productor del polémico canal de investigaciones en YouTube "Corrupción al Desnudo".
La magistrada encargada del caso dictó una sentencia condenatoria determinando que el productor de contenido era culpable de difamación, por lo que se le impuso una pena de tres meses de prisión en modalidad suspendida, sujeta a reglas estrictas que, de incumplirse, ameritan su ingreso inmediato a la cárcel de Najayo.
Sumado al peligro inminente de la privación de libertad, se ordenó el pago de una indemnización de dos millones de pesos a favor del exfuncionario Guzmán Fermín, lo que evidencia nuevamente cómo las sanciones económicas están golpeando directamente la rentabilidad de los canales dedicados a la difamación.
Samuel Pereyra vs. Carlos Rubio
En un giro que demuestra que las fronteras físicas no detienen los procesos judiciales por delitos de palabra, el presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), Samuel Pereyra Rojas, informó sobre el inicio de acciones legales en el extranjero.
Este riguroso proceso fue interpuesto directamente en el estado de Florida, Estados Unidos, contra el influencer conocido en las redes sociales como Carlos Rubio, a quien se le acusa de presunta extorsión, difamación y uso indebido de información e imágenes relacionadas con el funcionario y su familia.
Esta querella refleja que las figuras tanto políticas como del espectáculo, buscan sentar precedentes sin importar el país de residencia del emisor.
Estos casos revelan un claro desplazamiento en la rigurosidad con la que el sistema de justicia enfrenta hoy la violencia verbal, pues la correcta aplicación de la legislación sobre delitos electrónicos ha dotado a los jueces de un catálogo de castigos sumamente severos.
Con este precedente definitivamente marcado en la jurisprudencia, reglas del juego han cambiado, advirtiendo que cualquiera que decida publicar acusaciones infundadas en internet deberá prepararse para enfrentar condenas civiles millonarias y sentencias de prisión.
ELDIA