La economía dominicana enfrenta un escenario de crecientes presiones fiscales y externas, caracterizado por el encarecimiento del petróleo, las elevadas tasas de interés, la incertidumbre internacional y una deuda pública que continúa aumentando en términos absolutos. A estos factores se añade la persistencia del déficit fiscal, que obliga al Gobierno a contratar nuevos préstamos para financiar parte de sus gastos y atender compromisos anteriores.
La magnitud del desafío queda reflejada en el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027, que contempla un déficit de 327,281.5 millones de pesos, equivalente al 3.4 % del producto interno bruto (PIB), pese a que las autoridades proyectan un crecimiento económico de 4.75 % para el próximo año.
El desequilibrio previsto representa la diferencia entre ingresos estimados en 1.51 billones de pesos y gastos por 1.84 billones. Las erogaciones crecerían un 10.5 %, frente a un incremento de 9.2 % de los ingresos, según las proyecciones presupuestarias.
La persistencia de déficits fiscales superiores al 3 % del PIB durante varios años plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para estabilizar su endeudamiento sin comprometer el gasto público productivo.
Una deuda en crecimiento
Al cierre de agosto de 2026, la deuda del sector público no financiero ascendía a 67,649.7 millones de dólares, equivalentes al 46.6 % del PIB estimado, según la Dirección General de Crédito Público.
El monto representa un incremento de aproximadamente 6,100 millones de dólares respecto de los 61,549.9 registrados al finalizar 2025, equivalente a un crecimiento nominal cercano al 9.9 % en apenas ocho meses.
De la deuda acumulada, 48,105.4 millones de dólares corresponden a obligaciones externas, el 71.1 % del total, mientras la deuda interna alcanza 19,544.3 millones de dólares, equivalentes a 1.15 billones de pesos.
La deuda pública consolidada, que incorpora las obligaciones del Banco Central, ronda el 60 % del PIB.
Aunque la relación entre deuda y producto constituye un indicador importante de sostenibilidad, su reducción no implica necesariamente una disminución de las obligaciones nominales ni de los intereses que debe pagar el Estado.
La capacidad de sostener ese endeudamiento depende del crecimiento económico, los ingresos fiscales, el costo del financiamiento y el resultado primario de las cuentas públicas.
DIARIOLIBRE