Una mañana de septiembre de 2019, los estudiantes de The Community for Learning (TCFL) encontraron algo nuevo en la entrada del colegio: un estuche de tela numerado. Debían introducir allí su teléfono, cerrarlo con un seguro magnético y llevárselo consigo el resto del día. El aparato seguía siendo suyo y seguía en su mochilas. Simplemente, no podían abrirlo hasta la hora de la salida.
Entonces la medida parecía una excentricidad. Siete años después es, en lo esencial, lo que el Ministerio de Educación (MINERD) exige a todos los centros educativos del país mediante la Orden Departamental 011-2026, firmada en mayo pasado por el ministro Luis Miguel De Camps.
Maestros convertidos en vigilantes
La decisión de TCFL no nació de una teoría pedagógica, sino de una fricción cotidiana. Los profesores gastaban energía en vigilar pantallas en lugar de gastarlas en enseñar; los juegos, los videos y los chats competían con las clases; las llamadas de los padres interrumpían la jornada. Y en los recreos los patios se habían quedado en silencio: los muchachos preferían la pantalla a la conversación.
Cuando el colegio revisó los registros de tiempo de pantalla de algunos estudiantes, encontró casos de entre ocho y doce horas diarias frente al teléfono.
En el recuento de la experiencia que publicó Carla Meyrink, fundadora y directora del colegio, la conclusión del equipo docente aparece sin rodeos: se habían convertido en «policías de teléfonos». La alternativa que buscaban no era confiscar los aparatos, sino volverlos inaccesibles sin quitárselos a nadie. La encontraron con un sistema de estuches con cierre magnético usado en conciertos y teatros. En septiembre de 2019, tras una carta a los padres, los estuches entraron a las aulas.
El cambio se sintió en el recreo
Los efectos llegaron rápido, los profesores reportaron menos distracciones y una enseñanza más fluida. Pero el cambio más visible ocurrió fuera del aula. «El recreo está buenísimo, ahora hablamos entre nosotros», resumió un estudiante en el recuento del colegio. Alumnos de distintos grados volvieron a jugar juntos y los patios recuperaron el ruido.
La resistencia que el colegio temía apenas apareció. «Al principio no me gustó la idea, pero solo me sentí así como una semana», contó otro estudiante. «Ahora noto que interactúo más con los profesores y con mis compañeros».
Los estudiantes también describieron algo menos visible: menos ansiedad por revisar el teléfono, mayor participación en clase y más capacidad de concentración.
Lo que empezó como un experimento se quedó. Los estuches se integraron a la identidad del colegio —un centro de Santo Domingo que define su modelo como centrado en el estudiante y basado en la indagación, con énfasis en el aprendizaje significativo, el pensamiento crítico y el desarrollo socioemocional—, y la regla admite excepciones: el teléfono se desbloquea cuando un profesor lo requiere con un propósito educativo.
La evidencia llegó después
Lo que en 2019 podía parecer una corazonada se convirtió en los años siguientes en una de las discusiones educativas más activas del mundo. Y la investigación ha ido en la misma dirección.
El estudio más citado sobre el tema, de los economistas Louis-Philippe Beland y Richard Murphy, analizó 91 escuelas secundarias de Birmingham, Leicester, Londres y Manchester junto a los resultados de más de 130,000 estudiantes entre 2001 y 2011. Tras restringir los celulares, las calificaciones mejoraron de forma significativa, con un hallazgo clave: la ganancia fue mayor en los estudiantes de menor rendimiento previo.
Los datos de la OCDE apuntan igual. En PISA 2022, el 65 % de los estudiantes dijo distraerse con sus propios dispositivos en al menos algunas clases de matemáticas, y el 59 % reportó distraerse por los aparatos de sus compañeros. Quienes se distraían en todas o casi todas las clases obtuvieron 15 puntos menos en matemáticas: cerca de tres cuartas partes de un año escolar de aprendizaje.
El Global Education Monitoring Report de la UNESCO ha advertido, además, que la sola proximidad de un teléfono basta para degradar la atención, aunque no se use.
De excepción a norma
La escala de la discusión cambió por completo. Según la UNESCO, en marzo de 2026 ya eran 114 los sistemas educativos con algún tipo de prohibición nacional del celular en las escuelas: el 58 % de los países del mundo, frente a apenas 24 % en 2023. En América Latina, Bolivia y Costa Rica se sumaron recientemente; Colombia y Perú optaron por obligar a las escuelas a fijar sus propias reglas.
República Dominicana entró en esa lista en mayo. La Orden Departamental 011-2026 prohíbe el celular en el nivel inicial, lo restringe en primaria y lo limita en secundaria al uso pedagógico supervisado, en centros públicos y privados por igual. Su plazo de implementación —90 días— se agota en estos días, justo cuando arranca el año escolar.
Para la mayoría de los colegios del país, la norma abre ahora un proceso de ensayo y error: cómo aplicarla, qué hacer con las excepciones, cómo explicárselo a los padres. Para The Community for learning, apenas confirma una decisión tomada hace siete años.
Y deja una constancia útil para el resto. La experiencia de este colegio dominicano mostró que sacar el teléfono del centro de la vida escolar no equivale a rechazar la tecnología, y que lo que se recupera no se mide solo en calificaciones. A veces se escucha, sencillamente, en el ruido de un patio a la hora del recreo.
DIARIOLIBRE