La estructura criminal desmantelada mediante la Operación Caimán habría movilizado un promedio de 77 kilos de cocaína cada día durante un año, de acuerdo con el volumen atribuido por el Ministerio Público en su acusación contra los integrantes de la red.
El cálculo parte de las 28 toneladas de cocaína que, según los fiscales, fueron movilizadas por la organización en aproximadamente 12 meses. La cifra equivale a unos 2,333 kilos al mes, 538 kilos por semana y cerca de 77 kilos diarios.
El volumen da una dimensión de la capacidad logística que, de acuerdo con la acusación, habría alcanzado la estructura dedicada al narcotráfico internacional desde el sur de República Dominicana.
77 kilos cada día
Llevado a una escala diaria, el promedio atribuido por el Ministerio Público significa que la organización habría movido más de tres kilos de cocaína por hora, si se distribuyera matemáticamente el volumen de manera uniforme durante un día.
La cifra diaria es resultado del promedio y no significa que la droga fuera movilizada literalmente en cantidades iguales cada 24 horas. La propia investigación describe operaciones marítimas que involucraban diferentes cargamentos, embarcaciones y personas encargadas de funciones específicas.
El dato adquiere mayor relevancia al compararlo con el volumen total de droga decomisado por las autoridades dominicanas en años anteriores. Según la acusación citada en el expediente, las 28 toneladas atribuidas a esta estructura en un año superan toda la cocaína decomisada en República Dominicana durante 2023 y se aproximan a la cantidad ocupada durante todo 2022.
Una ruta desde Colombia hacia el Caribe
De acuerdo con el Ministerio Público, la red comenzó a operar en diciembre de 2021 y se mantuvo activa hasta abril de 2024, cuando fue desmantelada mediante la Operación Caimán.
La acusación señala que el esquema involucraba a seis estructuras criminales integradas por unas 37 personas investigadas, que cumplían diferentes funciones dentro de las operaciones.
La droga era adquirida en zonas de La Guajira y Alta Guajira, Colombia, y posteriormente transportada hacia República Dominicana mediante embarcaciones rápidas conocidas como “Go Fast”.
Los cargamentos ingresaban principalmente por las costas de Peravia, Barahona y Pedernales, según la investigación.
Una vez en territorio dominicano, la droga presuntamente era almacenada y preparada para continuar hacia otros mercados, incluidos Estados Unidos, Puerto Rico y Europa.
Una estructura con funciones distribuidas
El Ministerio Público sostiene que las organizaciones que integraban la red tenían una división de tareas que incluía la planificación de los viajes, transporte marítimo, logística, almacenamiento y coordinación de los cargamentos.
Entre las estructuras identificadas figuran “Los Santa”, “Los Pescadores” y “Los Ciguillos”, cuyos integrantes presuntamente tenían responsabilidades determinadas dentro del entramado.
Las autoridades también vincularon a algunos de los acusados con la administración de las operaciones y con la coordinación de los movimientos de las embarcaciones.
Dinero, armas y equipos para las operaciones
La investigación también señala que la estructura disponía de recursos y equipos destinados a facilitar el traslado de los cargamentos.
Durante los allanamientos fueron ocupados vehículos, embarcaciones, armas de fuego, drones, brújulas, equipos GPS y dinero en efectivo, elementos que forman parte de las evidencias presentadas por el Ministerio Público.
Los fiscales también incorporaron interceptaciones y transcripciones de conversaciones entre presuntos integrantes de la organización como parte de las pruebas utilizadas para sustentar la acusación.
El expediente sostiene, además, que parte del dinero generado por las actividades ilícitas era utilizado para obtener protección e información que permitiera mantener las operaciones.
El proceso judicial sigue abierto
Más de dos años después de los operativos que permitieron desmantelar la estructura, el caso continúa en los tribunales.
Carlos Manuel Cuevas Pérez llegó a un acuerdo con el Ministerio Público luego de admitir los hechos que le fueron imputados, con el propósito de obtener una reducción de la condena.
Otros procesados también han procurado alcanzar acuerdos con el órgano persecutor. Estas negociaciones deberán ser conocidas por los jueces del Tribunal Colegiado de Barahona, que tendrán la última palabra sobre su homologación.
Mientras tanto, continúa el proceso contra otros acusados, entre ellos Máximo Andrés Ruiz Moreta, Rafael Marcelo Saldaña Cuevas y Yesenia Florián, quienes fueron enviados nuevamente a juicio luego de que la Corte de Apelación de Barahona revocara decisiones de no ha lugar emitidas a su favor.
Los imputados enfrentan cargos relacionados con asociación de malhechores, tráfico internacional de drogas, lavado de activos, tráfico y porte ilegal de armas, entre otros delitos vinculados al crimen organizado.
El dato de las 28 toneladas movilizadas en un año, convertido en promedio, permite dimensionar la magnitud de la operación que el Ministerio Público atribuye a la red: unos 77 kilos de cocaína por día durante el período investigado.