Inaceptable y desafortunado, en el orden legal e institucional, que se invoque una ley adjetiva y un decreto para ignorar lo que establece un precepto constitucional.
Así lo demuestra la obstinación del Intrant de negarse a acatar una sentencia del Tribunal Constitucional que desaprobó la práctica de recortar a adultos mayores de 65 años el periodo de vigencia de cuatro años de la licencia de conducir.
El más reciente blanco de esa ilegal medida administrativa tuvo nada menos que como víctima a Alejandro Vargas, un magistrado del más alto tribunal del país.
El precedente del Constitucional se basó en el principio de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, independiente de la edad.