El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conocerá próximamente si la Corte Suprema declara ilegal una parte clave de su política arancelaria. Los jueces estudian si el mandatario puede usar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés), hasta ahora nunca empleada con ese fin, para justificar la imposición de tarifas a las importaciones, recoge Bloomberg.
Tribunales inferiores ya han dictaminado que Trump excedió su autoridad al recurrir a esta norma para justificar sus amplios aranceles "recíprocos" contra socios comerciales de Washington, así como gravámenes específicos a China, Canadá y México, aunque esas tarifas siguen vigentes mientras avanzan los procesos judiciales.
Si la Corte Suprema concluye que la IEEPA no puede utilizarse para imponer aranceles, el mandatario dispone de otras bases legales. La Constitución asigna al Congreso la competencia de fijar impuestos y derechos aduaneros, pero los legisladores han delegado parte de esa potestad en el Ejecutivo a través de varias leyes comerciales. Además, el propio Trump ha insinuado que, si se cae el uso de IEEPA para tarifas, podría recurrir a licencias de importación amparadas en la misma norma, que menciona expresamente las "licencias" como instrumento para regular el comercio.
Cinco alternativas legales
Más allá de IEEPA, Trump cuenta con al menos cinco alternativas legales para mantener o reconfigurar su política arancelaria, aunque todas implican más límites y procedimientos, lo que reduce su margen de maniobra para imponer gravámenes de manera casi inmediata y al nivel que él determine.
Una de las vías más usadas es la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, que permite aplicar aranceles por motivos de seguridad nacional, sin tope de tipo o duración. Sin embargo, solo puede actuar después de una investigación del Departamento de Comercio y su diseño está orientado a sectores específicos. Trump ya se apoyó en esta herramienta para gravar el acero, el aluminio, los automóviles y algunos productos de cobre.
Otra opción es la Sección 201 de la Ley de Comercio de 1974, que autoriza tarifas para responder a un aumento de importaciones que cause o amenace un daño grave a la industria estadounidense. En este caso, la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITC, por sus siglas en inglés) debe investigar y celebrar audiencias públicas antes de recomendar medidas al presidente, en un plazo de hasta 180 días. Los aranceles se limitan a un máximo del 50 % por encima del tipo existente, se aplican por cuatro años prorrogables hasta ocho.
La Sección 301 de la misma ley faculta a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) a imponer gravámenes sin límite de tipo frente a prácticas comerciales consideradas discriminatorias, luego de una pesquisa y consultas con el país afectado. Los aranceles caducan a los cuatro años salvo que exista una petición de prórroga. La primera Administración Trump recurrió a esta herramienta en 2018 para imponer tarifas sobre importaciones procedentes de China después de investigar sus políticas de transferencia de tecnología, propiedad intelectual e innovación. En julio de 2025, se abrió una investigación sobre Brasil por sus políticas comerciales y de propiedad intelectual, así como por la deforestación y el acceso al mercado de etanol.
La Sección 122 permite imponer aranceles temporales de hasta el 15 % para afrontar "problemas fundamentales de pagos internacionales" sin necesidad de que una agencia federal investigue previamente. Sin embargo, solo pueden mantenerse durante 150 días, excepto que el Congreso apruebe su prolongación. Nunca se ha aplicado y el Tribunal de Comercio Internacional la citó como vía adecuada si el objetivo era corregir déficits.
Finalmente, la Sección 338 de la Ley Arancelaria Smoot-Hawley de 1930, que autoriza tarifas de hasta el 50 % contra países que, a juicio del presidente, discriminen el comercio estadounidense. Si bien no requiere investigación previa, tampoco se ha usado, y su posible activación ha generado preocupación en parte del Congreso.
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