La Penitenciaría Nacional de La Victoria, inaugurada en 1952 como un símbolo de la “modernización” del régimen de Rafael Leónidas Trujillo, cierra sus puertas marcada por décadas de sobrepoblación, tragedias y corrupción, consolidando su reputación como el epítome de la crisis carcelaria dominicana.
Originalmente concebida como un centro de reclusión bajo estándares de la época, La Victoria mutó de una promesa de avance social a ser conocida, trágicamente, como un “cementerio de hombres vivos”, forzando su desmantelamiento y la transferencia de sus internos al nuevo Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
La penitenciaría fue construida con una inversión de RD$915,000.00 e inaugurada el 16 de agosto de 1952 por el régimen de Trujillo.
Su propósito era mostrar a organismos internacionales, especialmente a la Comisión de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), un supuesto cambio en la política de derechos humanos en el país.
Promovida ante la opinión pública como un “nuevo paso de avance en las conquistas sociales”, la realidad del penal se desvió drásticamente de su diseño.
La capacidad original de La Victoria fue brutalmente rebasada. A lo largo de los años, llegó a albergar cerca de 9,000 internos, superando sus 2,000 plazas por un margen extremo. Este hacinamiento catastrófico fue la raíz del deterioro inhumano:
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