Hoy se cumplen tres meses de la fatídica madrugada del 8 de abril cuando el techo de la discoteca Jet Set se desplomó y dejó como resultado más de 180 heridos y 236 personas fallecidas, entre las que figura el merenguero Rubby Pérez, quien tocaba una fiesta junto a su agrupación en el lugar.
Con el dolor de los familiares, víctimas que aún no han podido continuar con sus vidas por las lesiones o por los traumas psicológicos, han transcurrido estos tres meses. Mientras que los propietarios de la discoteca, los hermanos Antonio y Maribel Espaillat se encuentran en sus hogares luego de que la jueza Fátima Veloz dictara como medida de coerción una fianza de 50 millones, impedimento de salida del país y presentación periódica, acusados de homicidio involuntario.
El caso se declaró complejo, pero el Ministerio Público no está conforme con la medida de coerción dictada a los hermanos Espaillat por la jueza Fátima Veloz y se espera apelación.
Hasta el 24 de junio las acciones legales contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat se incrementaron a 123. El miércoles, por ejemplo, se exhumarán los restos de Ruth Elisa Seija Jerez, una de las víctimas que perdieron la vida el 8 de abril, debido a que se encontraron inconsistencias en el acta de defunción, porque el hospital inicialmente la registró como “causas naturales” cuando falleció en el derrumbe.
El Ministerio Público plantea que recabó evidencias contundentes que demuestran que los hechos del pasado 8 de abril “eran totalmente evitables si los propietarios hubiesen actuado conforme a derecho y si hubiesen valorado la vida por encima del dinero”.
Además, que los imputados intimidaron a testigos del proceso “con el objetivo de evitar que aportaran pruebas del proceso que comprometen su responsabilidad penal”.
ELCARIBE