Los abogados de la familia Trinidad interpusieron dos denuncias en contra de la jueza Mary Berenita Ramírez Jiménez en la Fiscalía de Tránsito de Santo Domingo Este para que el accidente ocurrido la noche del jueves pasado en Ciudad Juan Bosch, en el que murió Altagracia Trinidad, sea investigado como un asesinato.
Para los abogados Máximo Miñoso, Ramón Plata, Hanfiel Polanco y Domingo Polanco las autoridades "están ocultando información valiosa" del caso como el acta de nacimiento que certifique que el conductor es menor de edad y los nombres de las personas que iban en el vehículo. 
JUEZA PROPIETARIA DE LA JEEPETA
Los abogados dijeron que tienen información de que el conductor que dicen que es menor no iba solo, que incluso había personas mayores de edad en el vehículo pero están usando al menor "para zafarse del proceso".
Consideraron que el caso no debe tratarse como un simple accidente de tránsito porque "hubo asechanza y premeditación".
"Tenemos pruebas de que se trata de un asesinato premeditado, con asechanza, con una participación de más de cinco personas que ocupaban el vehículo que atropelló a Altagracia Trinidad, a su hija y a su hermana, esos video tratan del momento en que ellos están en una plaza comercial planeando, lo que entendemos que van a hacer, coordinando la logística, pasándose bultos, y luego de eso, van al lugar de los hechos lentamente, miran a esas personas cruzando la calle y aceleran", explicó el abogado Plata.
Sin embargo, no estableció un posible móvil para cometer la acción de manera intencional, ni vínculos ni antecedentes de problemas entre ambas familias, solo que viven en Ciudad Juan Bosch.
Adicionalmente, depositaron una segunda denuncia ante el Consejo del Poder Judicial para que abra una investigación por supuesta obstrucción contra la jueza Ramírez Jiménez y que esta sea "suspendida inmediatamente" de su cargo.
Pedro Castillo, hermano de la occisa, indicó que su hermana fue atropellada por una yipeta marca Mazda, modelo CX9, del año 2024 y que su sobrina y otra hermana se encuentran en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales Hugo Mendoza y Darío Contreras.
Con pancartas en manos de familiares amigos exigieron justicia este lunes ante la explanada del edificio que alberga al Poder Judicial y la Procuraduría General de la República.