Representantes del Sector Unido de la Construcción, incluyendo APROCOVICI, ADECLA, AEI y la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), expresaron su profunda preocupación por el impacto que podría tener la reciente propuesta de reforma fiscal en el sector de la vivienda en el país.
Acoprovi y el Sector Unido de la Construcción, solicitan que se revise el paquete de medidas fiscales con el fin de mitigar los efectos adversos sobre el sector vivienda, asegurando así que los esfuerzos por modernizar la economía no comprometan el derecho constitucional del acceso de los ciudadanos dominicanos a una vivienda.
“Como sector estamos comprometidos a colaborar con el gobierno en la búsqueda de soluciones a través del diálogo constructivo”, expresan en un comunicado de prensa.
De acuerdo con el documento, tan solo como resultado de eliminar la tasa diferenciada de ISR de los fideicomisos de vivienda, el precio de la vivienda aumentaría en aproximadamente 12.5%. A estos aumentos se adicionaría un 18% de aumento por gravar con IVA la venta de viviendas, por la inclusión del IVA al transporte y a bienes no industrializados como los agregados, y por el aumento del 50% a las retenciones realizadas a la mano de obra. Es decir que esta reforma fiscal resultaría en un aumento total del precio vivienda mayor al 30%.
“Como resultado del incremento en el precio de 12.5% planteado, el 59% de los proyectos de Vivienda de Bajo Costo (VBC) saldrían de su actual calificación, provocando que los compradores pierdan el acceso al bono de Vivienda de Bajo Costo, llevándose de encuentro los planes de vivienda social que promueve el mismo gobierno, lo que significa que 6 de cada 10 familias dominicanas quedarían descalificadas por no contar con los recursos necesarios para solventar estos aumentos, alejando el sueño de miles de dominicanos de tener una vivienda digna”, explica el documento.
Además, se anticipa que los precios de los alquileres también se verían afectados, debido a la reducción en la oferta de viviendas y el aumento de costos para los propietarios. La disminución de la base del Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI) y la revalorización de inmuebles contribuirían a un incremento significativo de los precios de alquiler.
Aseguran que estos cambios, junto con la introducción de impuestos sobre alquileres de corta duración, podrían provocar una caída del 56% en la demanda de viviendas, lo que a su vez podría resultar en una reducción de aproximadamente 77,000 millones de pesos en inversiones en nuevos proyectos. Esto tendría un impacto negativo en el Producto Interno Bruto y podría provocar la pérdida de más de 115,000 empleos en el sector.