La comisión especial de diputados que estudia una nueva ley para regular los alquileres de viviendas y los desahucios, informó que aún no tienen una fecha definida para presentar el informe en el hemiciclo y lograr así que la pieza quede aprobada en dos lecturas.
El proyecto que estudia la comisión fue depositado el 21 de agosto de este año, pero ya existían otras iniciativas similares que perimieron en el Congreso porque la comisión especial no entregó un informe en el plazo reglamentario.
La comisión especial, que preside el diputado Eugenio Cedeño, acordó varias novedades en la nueva ley que incluyen más agilidad para desalojar a inquilinos que no paguen renta o la creación de una jurisdicción especializada para el inquilinato. Sin embargo, ninguna propuesta ha sido formalizada, pues el informe aún se encuentra en fase de estudio.
El primer proyecto fue depositado en marzo del 2022, propuesto por el diputado Mateo Espaillat, luego se presentó otro en agosto del mismo año a cargo del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Este último es el que se encuentra bajo análisis en la comisión especial a espera de su informe.
Para avanzar con el estudio del proyecto, la comisión celebró una consulta pública en la Asamblea Nacional donde los sectores involucrados pidieron la integración del Estado en la normativa para resguardar los derechos de los inquilinos y de los propietarios.
En mayo de este año 2023, la iniciativa fue sancionada en primera lectura. Después de esa fecha, no ha vuelto a ser sometida y se encuentra en las comisiones congresuales.
Novedades del proyecto
La comisión especial que estudia la nueva ley de alquileres decidió, por mayoría de votos, establecer un proceso más ágil para desalojar a los inquilinos que no paguen la renta.
Las nuevas disposiciones, según acordó la comisión, crearán una jurisdicción especializada que permitirá que los desalojos a los inquilinos que no paguen se ejecuten en un plazo máximo de dos meses.
El diputado Cedeño explicó que la jurisdicción que se creará con la normativa permitirá designar un juzgado de paz y un fiscalizador especial que serán exclusivos para materia de inquilinato.