Santo Domingo. A más de una década de la promulgación de la Ley 139-13, Orgánica de las Fuerzas Armadas, el mandato legal que buscaba organizar, racionalizar la estructura militar teniendo como objetivo principal reducir la cantidad de generales en las instituciones continúa sin cumplirse, evidenciando una brecha significativa entre lo establecido en la normativa y la realidad actual.
La legislación, promulgada en septiembre de 2013, estableció un proceso de desmonte gradual del “generalato”, que debía ejecutarse en un plazo de seis años. Sin embargo, 12 años después, las cifras muestran un escenario contrario al espíritu de la ley.
En la actualidad, las Fuerzas Armadas cuentan con unos 103 oficiales generales activos, incluyendo mayores generales y vicealmirantes, lo que representa aproximadamente 40 más del número permitido según los parámetros legales vigentes.
Una ley ignorada
El artículo 262 de la Ley 139-13 es claro al establecer que debe existir un general de brigada o almirante por cada 1,000 miembros activos en las tres instituciones que conforman las Fuerzas Armadas: Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Tomando en cuenta que el país dispone de 63,000 efectivos militares activos, la cantidad de generales debería rondar los 63 oficiales, distribuidos proporcionalmente entre las distintas ramas.
Sin embargo, la realidad dista de esa disposición. Actualmente, el Ejército cuenta con 58 generales, la Fuerza Aérea con 26 y la Armada con 19, cifras que superan ampliamente los límites establecidos por la legislación.
El Ejército lidera en cantidad de efectivos, con alrededor de 33 mil miembros, seguido por la Fuerza Aérea con 17, 000 y la Armada con 13, 000. Es decir, tomando en cuenta lo que dice la ley y el número actual de miembros por organismo, el Ejército debería tener 33 generales, la Fuerza Aérea 17 y la Armada 13.
Ascensos que contradicen la normativa
