Santo Domingo, RD.- Durante la reunión del Consejo Directivo del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA), encabezada por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, el director general de PROINDUSTRIA, Rafael Cruz Rodríguez, destacó las nuevas disposiciones contenidas en el Decreto núm. 672-26, que fortalece la participación de las MIPYMES industriales en determinados procedimientos de contratación pública y dispone la modernización integral del Registro Industrial.
El decreto establece que se considerará MIPYME Industrial a toda unidad productiva que cuente con certificación MIPYME o MIPYME Mujer emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), y que, además, posea un Registro Industrial emitido por PROINDUSTRIA. Con el mismo, el presidente Luis Abinader refuerza su compromiso de apoyo directo a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Asimismo, para participar en los procedimientos de contratación pública previstos en el referido decreto, las micro, pequeñas y medianas industrias manufactureras deberán contar con un Registro Industrial emitido por PROINDUSTRIA. Este constituirá una credencial indispensable para su habilitación como oferentes, cuando corresponda conforme a la naturaleza industrial de la actividad, y deberá ser validado de manera interoperable con el Registro de Proveedores del Estado (RPE), evitando la duplicidad en la presentación de documentos.
Uno de los aspectos de mayor relevancia para PROINDUSTRIA está contenido en el artículo 14 del Decreto núm. 672-26, que dispone que la institución, en coordinación con el MICM, deberá implementar una modernización integral del Registro Industrial, orientada a fortalecer la identificación, caracterización y trazabilidad de la oferta productiva nacional de las MIPYMES industriales.
Esta modernización implicará que el Registro Industrial incorpore información más detallada sobre la capacidad productiva de las industrias registradas, incluyendo el levantamiento y registro específico de los bienes fabricados por cada MIPYME industrial, evitando depender exclusivamente de clasificaciones generales de actividades o subactividades.
Asimismo, se deberá implementar una metodología estandarizada de clasificación de productos que permita su identificación, búsqueda y filtrado conforme a criterios técnicos y sectoriales, así como incorporar información verificable sobre la capacidad productiva de las industrias, incluyendo volumen de producción, especialización, certificaciones y estándares de calidad, entre otros aspectos relevantes.
El decreto también dispone la actualización periódica de la información del Registro Industrial y su interoperabilidad con el Registro de Proveedores del Estado (RPE), administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Esta integración permitirá incorporar información relevante sobre la condición productiva de las MIPYMES industriales y servirá de base para la conformación de catálogos sectoriales de bienes de producción nacional, facilitando la planificación, estructuración y trazabilidad de las compras públicas.
De igual manera, PROINDUSTRIA deberá garantizar que los procesos de Registro Industrial sean integrales, ágiles y simplificados, incorporando herramientas digitales que faciliten tanto el acceso al registro como la actualización de la información. El decreto establece, además, que PROINDUSTRIA y el MICM deberán brindar asistencia a las MIPYMES para facilitar la obtención oportuna del Registro Industrial y de la certificación MIPYME correspondiente.
Durante su intervención, Cruz Rodríguez destacó que estas disposiciones coinciden con una etapa significativa para el Registro Industrial, que en 2026 conmemora sus 90 años de trayectoria institucional, y señaló que PROINDUSTRIA viene desarrollando iniciativas dirigidas a su automatización, modernización y digitalización, como parte de los procesos de transformación institucional.
“La modernización del Registro Industrial representa una oportunidad para fortalecer su función como instrumento de identificación y caracterización de la industria nacional. El Decreto 672-26 nos plantea el reto de contar con información cada vez más precisa sobre qué producen nuestras industrias, su capacidad productiva y los estándares bajo los cuales operan, facilitando su vinculación con las oportunidades que genera el sistema de compras públicas”, expresó Cruz Rodríguez.
El director general consideró que las nuevas disposiciones fortalecen el papel del Registro Industrial como fuente de información sobre la oferta productiva nacional y como instrumento de articulación entre la política de desarrollo industrial y el sistema de contrataciones públicas. PROINDUSTRIA trabaja actualmente en el fortalecimiento de sus procesos y herramientas tecnológicas para responder a los requerimientos establecidos por el Decreto núm. 672-26, particularmente en materia de caracterización de la producción nacional, capacidad productiva, actualización de información, simplificación de trámites e interoperabilidad institucional.
Finalmente, se recuerda que el Registro Industrial es obligatorio y gratuito para las industrias manufactureras, de conformidad con la normativa aplicable. Las empresas interesadas pueden obtener información sobre los requisitos y procedimientos para su obtención y actualización a través de las plataformas digitales de PROINDUSTRIA.
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