El Ministerio Público afirma que los médicos implicados en la estructura del caso SeNaSa 2.0-A emplearon mecanismos con la finalidad de obtener de manera ilícita pagos y beneficios económicos en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), mediante una presunta estafa basada en la falsificación de documentos públicos y privados, en detrimento directo del patrimonio del Estado dominicano.
Esto consta en la orden de arresto y allanamiento emitida por la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Ana Lee Florimón, a solicitud del titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho.
Artículo no encontrado
De acuerdo con los hallazgos, la investigación evidencia el modus operandi utilizado por los involucrados en el caso SeNaSa 2.0-A, consistente en el uso de información y datos personales de afiliados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) para elaborar y realizar reclamaciones médicas falsas correspondientes a servicios de salud que nunca fueron prestados ni autorizados por los afectados.
Este esquema tuvo como finalidad obtener pagos y beneficios ilícitos en perjuicio de la institución, lo que constituye, según la investigación, un acto de estafa y falsificación de documentos públicos y privados, afectando de forma directa el patrimonio estatal.
El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) realizó un levantamiento exhaustivo mediante auditorías a los procedimientos y consultas médicas facturados por los profesionales de la salud investigados.
Durante el proceso, identificó múltiples irregularidades y un incremento injustificado en el volumen de reclamaciones sometidas para cobro que no correspondían con los servicios efectivamente prestados.
Artículo no encontrado
Los elementos probatorios recopilados hasta el momento también revelan que los integrantes de la estructura criminal del caso SeNaSa 2.0-A distribuyeron los fondos obtenidos conforme a acuerdos previamente establecidos, con una clara división de funciones, jerarquía operativa y la finalidad común de defraudar al Estado. En ese sentido, los miembros del entramado acordaron la distribución de roles y la repartición de las ganancias ilícitas.































