El Consejo Federal de Suiza comunicó oficialmente su decisión de congelar de manera inmediata todos los activos que Nicolás Maduro y otras personas asociadas a él posean en Suiza. La medida, según el Gobierno suizo, tiene como objetivo primordial prevenir la fuga de activos en el marco de la inestabilidad política generada tras la reciente detención de Maduro en Caracas por fuerzas estadounidenses y su traslado a Estados Unidos. Esta acción no se aplica a los miembros del actual gobierno venezolano, quienes quedan excluidos del alcance de la nueva regulación.
De acuerdo con el comunicado emitido por el Consejo Federal, la congelación de activos se fundamenta en la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Activos Ilícitos en Posesión de Personas Expuestas Políticamente en el Extranjero (FIAA). Las autoridades suizas subrayaron que la decisión es una medida cautelar cuyo propósito es bloquear cualquier intento de transferir fondos fuera del país, especialmente en un contexto de cambio de poder en Venezuela. El Gobierno suizo puntualizó que, en caso de que futuras investigaciones determinen que dichos fondos fueron adquiridos de manera ilícita, Suiza se comprometerá a garantizar que estos activos sean destinados en beneficio del pueblo venezolano.
El congelamiento de activos excluye
La medida anunciada se suma a las sanciones vigentes contra Venezuela desde 2018, instauradas bajo la Ley de Embargo, que ya contemplaban la congelación de activos relacionados con ciertas figuras y entidades venezolanas. No obstante, el Consejo Federal detalló que las nuevas disposiciones adoptadas bajo la FIAA apuntan específicamente a personas que no habían sido anteriormente incluidas en las listas de sanción suizas, ampliando así el alcance de las restricciones económicas.
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En el comunicado, las autoridades suizas hicieron hincapié en que la caída del poder de Maduro no resulta un elemento determinante para la aplicación de la FIAA, ni tampoco las circunstancias legales internacionales en las que esta se haya producido. El factor clave para la adopción de la medida es el hecho objetivo del cambio de poder, lo que habilita a Venezuela a iniciar potenciales procedimientos legales respecto a los activos que puedan haber sido obtenidos de manera irregular durante el mandato de Maduro.
La medida busca evitar la
