La Administración de Donald Trump ha colocado entre sus prioridades la desnaturalización de ciudadanos estadounidenses naturalizados que hayan cometido ciertos delitos, incluidos algunos de carácter civil, según un memorando del Departamento de Justicia enviado el 11 de junio.
El documento insta a los fiscales a priorizar la revocación de la ciudadanía en casos donde los migrantes hayan incurrido en delitos como fraude a programas públicos de salud como Medicaid y Medicare, además de otros como tráfico de personas, crímenes de guerra o delitos sexuales.
La desnaturalización será una de las cinco principales prioridades de la división civil, señaló el fiscal general adjunto Brett A. Shumate, quien enfatizó que se actuará en todos los casos permitidos por ley y con respaldo probatorio.
Los procedimientos se llevan a cabo por la vía civil, lo que implica que los acusados no tienen derecho a un abogado asignado por el Estado, a diferencia de los juicios penales. Esto ha generado preocupación entre organizaciones de derechos civiles por la posible arbitrariedad de las decisiones.
El memorando aclara que las categorías de delitos son amplias y no limitan la discrecionalidad de los fiscales, quienes podrán actuar incluso fuera de esa lista si lo consideran apropiado. Esta amplitud es precisamente uno de los puntos más criticados por expertos legales y defensores de derechos migratorios.











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