Una nota de prensa de la Dirección de Comunicación Estratégica del Poder Judicial indica los razonamientos de la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, para la imposición de medidas de coerción a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados en el caso del desplome del techo del centro de diversión Jet Set Club, que dejó 235 muertos y unos 180 heridos, conforme a garantías procesales y a partir de una cuidadosa valoración de los elementos jurídicos y probatorios.
Según un comunicado del Poder Judicial, la decisión de la magistrada estuvo "sustentada en la normativa procesal vigente, y el principio de legalidad penal consagrado en el artículo 40 numeral 14 de la Constitución dominicana y el 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos".
Al ponderar las pruebas aportadas, la jueza estableció:
"Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat poseen un arraigo suficiente al tener un domicilio conocido, actividad empresarial estable, vínculos familiares y sociales en el país, al tiempo de no demostrarse que estos tengan facilidades para abandonar el territorio dominicano ni tienen antecedentes de evasión".
Asimismo, evaluó la proporcionalidad de la medida en función del tipo penal imputado:
"La posibilidad de una pena a imponer por el tipo penal de homicidio involuntario, según el artículo 319 de Código Penal de República Dominicana que establece prisión correccional de 3 meses a 2 años. En tal virtud, la magistrada consideró que no procede imponer la prisión preventiva de 18 meses, ni domiciliaria, como solicitó el Ministerio Público, sino otras de las que establece el Código Procesal Penal".
La jueza también enfatizó que su valoración "se realiza sin prejuzgar sobre la culpabilidad de los imputados, y únicamente con el propósito de determinar la procedencia de una medida de coerción, en el marco de las garantías del debido proceso".
Además, subrayó el objetivo esencial de la coerción:
"Con la imposición de una medida de coerción se busca garantizar la sujeción del imputado al proceso penal y que la misma debe ser razonable, proporcional y coherente con la finalidad instrumental de la coerción, que no es la de imponer penas, sino una medida cautelar".
