Tras estudiarlo por solo una semana, la Cámara de Diputados aprobó este sábado, en una primera discusión, el proyecto de ley que establece más de 20 cambios al nuevo Código Penal que entrará en vigencia a inicios de agosto.
Aunque los legisladores tenían más de 80 propuestas de cambios provenientes de abogados, partidos y entidades, decidieron tomar como proyecto principal el que depositó el Poder Ejecutivo, que toca temas como la difamación, el ultraje, la difusión ilícita de imágenes, la malversación de fondos y otros temas.
Sin embargo, mientras el Poder Ejecutivo depositó originalmente un proyecto para modificar 18 artículos, la comisión de legisladores elevó esa cifra a alrededor de 24 artículos, introduciendo cambios de fondo que no estaban contemplados en la propuesta original del Gobierno.
Por ejemplo, el Ejecutivo propuso tipificar el hostigamiento cibernético de forma general y los diputados añadieron un "escudo" en el artículo y ahora no se considerará hostigamiento el escrutinio social o periodístico sobre funcionarios públicos.
Esta protección se extiende al artículo 211, que habla sobre los actos que no se consideran difamatorios y donde los legisladores incluyeron una nueva eximente para asegurar que las opiniones sobre actos de corrupción no sean difamatorias, siempre que tengan pruebas.
Además, en la ley del Código Penal promulgada en agosto la difamación se castiga con con dos a cinco años de prisión, pero la modificación baja esa pena y le impone un nuevo rango de uno a dos años de cárcel.
Los cambios al nuevo Código Penal también modifican el artículo del denominado "ultraje", que ahora se llamará "ultraje en el ámbito jurisdiccional".
Mientras la ley castigaba con cárcel cualquier insulto, gesto u ofensa contra funcionarios del Gobierno, el proyecto aprobado establece que la pena sería aplicada únicamente contra quienes emitan las ofensas a jueces o fiscales durante los procesos judiciales.
La corrupción
El cambio más severo con el aumento de las penas está en el artículo 303, relativo a la malversación de fondos públicos.