Santo Domingo. La extradición a Estados Unidos, concebida como un mecanismo para perseguir a los grandes narcotraficantes, se ha convertido en una oportunidad para que algunos acusados negocien condenas menores, obtengan beneficios judiciales y recuperen su libertad después de colaborar con las autoridades estadounidenses.
En las últimas décadas, importantes figuras del narcotráfico han sido entregadas a la justicia estadounidense para responder por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas y el lavado de activos. Sin embargo, algunos de estos procesos han concluido con acuerdos judiciales, reducciones de condenas y retornos a República Dominicana que contrastan con la gravedad de las acusaciones que motivaron sus extradiciones.
El caso más reciente es el de Yamil Abreu Navarro, exdirector municipal de Las Lagunas, en Azua, quien salió de prisión en Estados Unidos el pasado viernes, tras permanecer aproximadamente seis años privado de libertad. Un juez le concedió libertad bajo fianza de US$350,000, equivalentes a unos RD$21 millones, según las informaciones difundidas sobre su excarcelación.
Su salida de prisión vuelve a colocar bajo escrutinio los procesos judiciales contra los dominicanos extraditados por narcotráfico y los beneficios que algunos consiguen ante los tribunales estadounidenses. No obstante, la libertad bajo fianza de Abreu Navarro no demuestra por sí misma que haya negociado una reducción de condena a cambio de información, ni significa necesariamente que haya sido absuelto o que su proceso haya concluido.
Abreu Navarro fue extraditado a Estados Unidos en octubre de 2020, después de ser arrestado en República Dominicana a solicitud de las autoridades judiciales del Distrito Este de Nueva York. La acusación federal lo vinculaba con una presunta operación internacional de distribución de heroína y señalaba que habría coordinado la importación de más de 79 kilogramos de esa sustancia hacia Nueva York y otros lugares del territorio estadounidense.
El caso adquirió notoriedad por su condición de antiguo funcionario municipal y dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), así como por los presuntos vínculos que las autoridades estadounidenses atribuyeron a su organización con integrantes del cartel de Sinaloa. Tras su excarcelación, familiares y allegados difundieron mensajes de celebración por su salida de prisión, aunque todavía deben establecerse las condiciones judiciales de su liberación y su situación procesal actual.
Entre los casos más emblemáticos de narcotraficantes dominicanos extraditados a Estados Unidos figuran Quirino Ernesto Paulino Castillo, Ernesto Guevara Díaz, alias Maconi, y Antonio del Rosario Puente, conocido como Toño Leña.
Quirino Paulino Castillo fue extraditado a Estados Unidos en 2005, después de ser detenido en República Dominicana por un cargamento de cocaína. Su caso adquirió notoriedad por las investigaciones sobre sus operaciones de narcotráfico y por las declaraciones que realizó tras regresar al país en 2015, cuando formuló acusaciones públicas contra figuras políticas con las que aseguró haber tenido vínculos.
Su retorno a la vida pública reavivó el debate sobre los acuerdos judiciales que permiten a determinados condenados obtener beneficios a cambio de colaborar con las autoridades estadounidenses, así como sobre la posibilidad de que antiguos integrantes de redes criminales recuperen protagonismo después de cumplir sus penas.
Otro caso relevante es el de Ernesto Guevara Díaz, alias Maconi, extraditado a Estados Unidos en 2011. Tras regresar a República Dominicana, volvió a enfrentar problemas judiciales por su presunta vinculación con el narcotráfico.
Maconi quedó relacionado con el alijo de 1,570.41 kilogramos de cocaína decomisados en el puerto de Sans Soucí el 31 de diciembre de 2017, un caso que volvió a situarlo en el centro de las investigaciones sobre el tráfico internacional de drogas.
Antonio del Rosario Puente, alias Toño Leña, también figura entre los narcotraficantes dominicanos de mayor notoriedad. Extraditado a Estados Unidos en 2009, posteriormente volvió a ser señalado por su presunta participación en actividades de narcotráfico y por sus supuestos vínculos con la estructura atribuida a César Emilio Peralta, alias César el Abusador.
Estos expedientes reflejan una preocupación recurrente: la posibilidad de que personas que ya han enfrentado procesos por narcotráfico vuelvan a aparecer en investigaciones criminales después de recuperar su libertad. Sin embargo, determinar si esos retornos fueron consecuencia de acuerdos judiciales específicos requiere examinar las sentencias, las negociaciones y los expedientes patrimoniales de cada caso.
El Pequeño y los US$80 millones vinculados al lavado de activos
Otro expediente relevante es el de Luis Eduardo Velázquez Cordero, alias El Pequeño, vinculado por las autoridades a la estructura criminal de César el Abusador.
Velázquez Cordero fue extraditado a Estados Unidos en 2020 y, en mayo de 2023, recibió una condena de seis años de prisión después de declararse culpable de conspiración para cometer lavado de activos.
De acuerdo con los documentos judiciales citados en informaciones sobre el caso, encabezaba una red que habría utilizado el sistema bancario estadounidense para transformar más de US$80 millones procedentes de la venta de drogas en cheques de caja.
Posteriormente, fue liberado por las autoridades de Nueva Jersey y regresó a República Dominicana tras un acuerdo judicial cuyos detalles no fueron revelados públicamente, según una fuente citada por EL DÍA.
Su trayectoria vuelve a plantear preguntas sobre los acuerdos que se negocian en los tribunales estadounidenses, especialmente cuando se trata de personas señaladas como operadores financieros de organizaciones de narcotráfico. Para establecer si la reducción efectiva del tiempo en prisión obedeció a cooperación sustancial, cumplimiento de la condena, créditos penitenciarios u otro mecanismo legal, es necesario examinar los documentos correspondientes.
Cómo los narcotraficantes pueden reducir sus condenas
La posibilidad de obtener una reducción de condena por cooperación judicial constituye uno de los elementos centrales del sistema penal federal estadounidense. Las normas permiten que un acusado reciba una pena menor cuando proporciona asistencia sustancial para investigar o procesar a otras personas involucradas en actividades criminales.
Las directrices federales de imposición de penas contemplan este beneficio en la sección 5K1.1, que permite al Gobierno solicitar una condena inferior al rango que normalmente correspondería al delito, tomando en cuenta la utilidad, veracidad, alcance y oportunidad de la información suministrada. La Regla 35(b), por su parte, permite solicitar una reducción después de dictada la sentencia cuando el condenado ofrece asistencia sustancial a las autoridades.
Estos mecanismos convierten la información sobre integrantes de organizaciones criminales, rutas de distribución de drogas, operaciones financieras y contactos en un recurso valioso para los investigadores. A cambio de colaborar, determinados acusados pueden recibir beneficios que inciden directamente en el tiempo que permanecen en prisión.
Cuando un narcotraficante recibe una condena menor por colaborar con la justicia, el beneficio individual puede responder a una estrategia dirigida a obtener resultados de mayor alcance. La dificultad aparece cuando la información sobre esos acuerdos es limitada y la opinión pública desconoce qué aportó el condenado, qué personas fueron procesadas gracias a su colaboración y cuáles bienes fueron recuperados.
Extinción de dominio: la recuperación de los bienes del narcotráfico
La discusión sobre los narcotraficantes extraditados no se limita al tiempo que pasan en prisión. También comprende el destino de las fortunas acumuladas mediante el tráfico de drogas y la posibilidad de que los activos permanezcan fuera del alcance de las autoridades.
En República Dominicana, la Ley 340-22 sobre extinción de dominio establece un marco legal para perseguir bienes vinculados con actividades ilícitas, conforme a los requisitos y procedimientos previstos en la legislación.
La recuperación de activos es fundamental porque una condena penal no garantiza, por sí sola, que el Estado haya identificado y decomisado todos los bienes relacionados con una organización criminal.
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