El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispuso este miércoles la libertad del exfiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de solicitar y recibir un presunto soborno de US$10,000 de una persona vinculada a una investigación por corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
El juez Raymundo Mejía varió la medida de coerción que cumplía el exfiscal y le impuso presentación periódica, una garantía económica de RD$1 millón mediante una compañía aseguradora e impedimento de salida del país.
Durante la audiencia, el magistrado también dispuso enviar a Valdez Alcántara a juicio de fondo, por lo que continuará enfrentando el proceso penal en libertad y sujeto a las medidas de coerción establecidas por el tribunal.
Valdez Alcántara es señalado por presuntamente haber solicitado y recibido US$10,000 de una persona vinculada a una investigación por supuestos hechos de corrupción en Senasa.
El proceso contra Valdez Alcántara se remonta a marzo de este año. De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, el entonces fiscal habría utilizado información obtenida durante la investigación por presuntos actos de corrupción en Senasa para exigir dinero a Roberto Canaán, quien estaba siendo investigado dentro del caso.
Según el expediente, el 13 de marzo de 2026 ambos sostuvieron un encuentro en el parqueo de una plaza comercial del Distrito Nacional. El Ministerio Público sostiene que Valdez Alcántara habría ofrecido alterar el curso del proceso seguido contra Canaán a cambio de un beneficio económico.
La acusación establece que inicialmente habría exigido US$200,000, cantidad que posteriormente habría reducido a US$150,000. El Ministerio Público señala que durante las conversaciones también habría mostrado interés en recibir un reloj Rolex y un vehículo Mercedes-Benz.
Entrega controlada de US$10,000
Las autoridades organizaron posteriormente una entrega vigilada de dinero, autorizada judicialmente. El 27 de marzo, Canaán entregó US$10,000 en efectivo a Valdez Alcántara como parte del presunto soborno, mientras agentes del Ministerio Público y de la Policía Nacional daban seguimiento a la operación.
Tras el encuentro, Valdez Alcántara fue interceptado por las autoridades y detenido. El Ministerio Público sostiene que los US$10,000 habían sido previamente preparados para realizar la operación controlada. wa
En mayo, una jueza de instrucción especial impuso al entonces fiscal tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. La medida fue posteriormente confirmada por la Suprema Corte de Justicia y, en julio, otro tribunal rechazó una nueva solicitud de la defensa para sustituirla por una menos gravosa.
El Ministerio Público presentó posteriormente acusación formal y solicitó que Valdez Alcántara fuera enviado a juicio por los hechos que se le atribuyen. Cuando ocurrieron los hechos investigados, este formaba parte del equipo de fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Más adelante, Valdez Alcántara renunció a su cargo como fiscal, lo que provocó que perdiera la jurisdicción privilegiada que tenía por su condición de miembro del Ministerio Público. Como consecuencia, el expediente pasó de la Corte de Apelación del Distrito Nacional a la justicia ordinaria y el Primer Juzgado de la Instrucción fue apoderado para conocer el proceso.
Ahora, el juez Raymundo Mejía dispuso su envío a juicio de fondo y sustituyó la prisión preventiva por la garantía económica de RD$1 millón, presentación periódica e impedimento de salida del país.