Redes vinculadas al tráfico de armas hacia Haití utilizaban aplicaciones de mensajería cifrada para ofrecer pistolas y fusiles semiautomáticos, con posibles compradores cuyos números telefónicos estaban registrados en República Dominicana y Haití, según un informe de las Naciones Unidas (ONU).
El documento también revela que grupos armados haitianos adquirían armamento mediante redes transfronterizas que se abastecían en territorio dominicano, aunque no confirma que estas operaciones estuvieran relacionadas directamente con las ventas ofrecidas por mensajería.
Los hallazgos aparecen en el informe S/2026/714 del Panel de Expertos sobre Haití, presentado al Consejo de Seguridad de la ONU en septiembre de 2026, que examina el funcionamiento de las redes de tráfico de armas y municiones.
Según la investigación, durante 2025 los expertos recibieron información sobre un grupo denominado «Mercado de armas», que operaba mediante una aplicación de mensajería cifrada y exhibía diferentes armas de fuego disponibles para la venta.
El administrador utilizaba un número telefónico registrado en Francia y ofrecía principalmente pistolas y fusiles semiautomáticos de segunda mano.
Además, aseguraba que la red tenía capacidad para realizar entregas en cualquier lugar, mientras entre los posibles compradores figuraban números telefónicos registrados en República Dominicana, Haití, Guadalupe, Guayana Francesa y Martinica.
Sin embargo, la ONU no identificó la plataforma utilizada, por lo que no se puede establecer si las negociaciones se realizaban mediante WhatsApp, Telegram u otra aplicación de mensajería cifrada.
El organismo tampoco precisó cuántas armas fueron comercializadas a través de ese grupo ni confirmó que las personas con números dominicanos concretaran alguna compra.
Tras identificar estas actividades, el Panel solicitó información a las autoridades francesas en 2025, que respondieron que mantenían una investigación sobre el caso.
Redes adquirían armas en República Dominicana para grupos armados de Haití
En otro apartado, los expertos documentaron que organizaciones armadas haitianas continuaban adquiriendo armas y municiones mediante redes que obtenían suministros en República Dominicana.
La investigación identificó a Belladère, localidad haitiana fronteriza con Elías Piña, como un punto especialmente vulnerable al tráfico ilícito de armamento.
No obstante, las autoridades dominicanas y haitianas no notificaron violaciones del embargo de armas en la frontera terrestre durante el período examinado por el Panel.
Asimismo, el organismo señala que las redes de tráfico de armas hacia Haití operaban principalmente con fines comerciales, abasteciendo tanto a bandas criminales como a otros grupos armados.
En el departamento haitiano de Artibonito, los investigadores identificaron diferentes mecanismos de abastecimiento, incluidas compras a traficantes establecidos fuera de la región, transferencias entre bandas y desvíos de armamento perteneciente a la Policía Nacional de Haití.
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El anexo 19 del informe de la ONU también menciona redes que adquirían armas y municiones en República Dominicana para abastecer a actores armados que operaban en Artibonito.
El informe establece que el tráfico ilegal de armas y municiones continúa siendo un negocio lucrativo, debido a la elevada demanda de las bandas haitianas y otras organizaciones armadas.
En el mercado ilícito de Haití, las pistolas de nueve milímetros se vendían entre 2,000 y 4,000 dólares, mientras los fusiles semiautomáticos de calibre 5.56 milímetros alcanzaban precios de entre 5,000 y 8,000 dólares.
Asimismo, un solo cartucho de ese calibre podía comercializarse por aproximadamente tres dólares, de acuerdo con las informaciones recopiladas por los expertos.
Los investigadores observaron que los precios del armamento en Bajo Artibonito habían alcanzado niveles similares a los registrados en Puerto Príncipe, en medio del incremento de la violencia.
El Panel de Expertos advirtió que las redes transnacionales de tráfico de armas mantienen su capacidad para abastecer a los grupos armados haitianos, pese a las medidas adoptadas por República Dominicana, Haití y Estados Unidos.
También señaló que las debilidades en los mecanismos de inspección y la complicidad de determinados funcionarios corruptos en Haití dificultan la interrupción de los cargamentos ilícitos.
Aunque el documento reconoce los esfuerzos de las autoridades dominicanas para combatir estas actividades, sostiene que las medidas siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del tráfico internacional de armas y municiones.