El Ministerio Público, en la solicitud de medida de coerción en contra de los implicados del caso SeNaSa 2.0-A, sostiene que los integrantes de la presunta red que habría defraudado al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) tenían acceso a información confidencial de los afiliados y sus planes de salud, datos que utilizaban para generar autorizaciones médicas fraudulentas y posteriormente reclamar el pago de servicios que no fueron realizados.
La acusación está contenida en la solicitud de medida de coerción de 525 páginas presentada contra 25 personas, entre exempleados de SeNaSa, médicos y particulares, arrestadas durante la denominada Operación SeNaSa 2.0-A.
Los titulares de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho y Mirna Ortiz, sostienen que los imputados conformaron una estructura criminal que utilizaba información privilegiada y el conocimiento de los protocolos internos de la aseguradora estatal para ejecutar distintas maniobras fraudulentas.
De acuerdo con la instancia judicial, los involucrados seleccionaron estratégicamente perfiles de afiliados con un bajo historial de interacción institucional para reducir el riesgo de que las operaciones fueran detectadas.
A partir de esos datos, generaban autorizaciones médicas y reclamaciones a nombre de afiliados que posteriormente declararon no haber recibido los servicios facturados. En algunos casos, los afectados afirmaron que ni siquiera conocían a los médicos vinculados a los reclamos.
Utilizaban nombres falsos
Los fiscales afirman que los miembros de la presunta estructura utilizaron nombres ficticios, entre ellos Pedro Martínez, Ángel Beltré y Amauris Gutiérrez, al momento de comunicarse con el centro de llamadas de SeNaSa para solicitar autorizaciones.
El órgano acusador señala que también empleaban códigos reales de médicos que formaban parte del grupo, quienes habrían recibido beneficios económicos a cambio de permitir el registro de consultas y procedimientos ficticios.
Los recursos obtenidos mediante estas operaciones eran distribuidos entre los integrantes de la red conforme a acuerdos previamente establecidos.
Entre las evidencias descritas por el Ministerio Público figuran casos de personas a cuyo nombre se facturaron servicios médicos que nunca recibieron.
El órgano acusador afirma haber detectado reclamaciones por consultas de ginecología a afiliados masculinos, así como procedimientos ambulatorios tramitados sin historia clínica, descripción quirúrgica, documento de identidad del afiliado ni soportes requeridos.
Asimismo, se identificaron reclamaciones incompletas, sin sello del médico o del prestador de servicios de salud, sin número de afiliación (NAF), teléfono del médico o PSS y ciudad, además de documentos con tachaduras, enmendaduras y errores en la numeración de las autorizaciones y los montos reclamados.