SANTO DOMINGO.– Durante casi dos décadas República Dominicana ha mantenido una prohibición general para la importación de armas de fuego y municiones destinadas al comercio con particulares. Sin embargo, basta visitar una armería legalmente establecida para comprobar que pistolas, revólveres, escopetas y municiones continúan formando parte de la oferta comercial.
La aparente contradicción volvió a cobrar actualidad este martes, cuando autoridades del Ministerio Público realizaron allanamientos en establecimientos dedicados legalmente a la venta de armas en la avenida Francia, a escasa distancia del Palacio de la Policía Nacional
El Decreto 309-06, emitido en julio de 2006, estableció la prohibición de importar armas de fuego. Esa restricción ha sido mantenida posteriormente, aunque sucesivos gobiernos han establecido excepciones para determinados sectores y circunstancias. La Dirección General de Aduanas todavía incluye el Decreto 309-06 dentro de su marco jurídico vigente.
Más recientemente, el Gobierno volvió a establecer expresamente que se mantiene “la prohibición general de importación de armas de fuego, sus partes y municiones para el comercio con particulares”, aunque permitió excepciones específicas.
Un mercado que nunca desapareció
La prohibición de importar, sin embargo, nunca significó la desaparición de las armerías.
El Ministerio de Interior y Policía continúa otorgando licencias a empresas dedicadas a la comercialización de armas de fuego de uso civil, armas deportivas, municiones y materiales relacionados dentro del territorio dominicano. El propio procedimiento oficial establece que una persona interesada en obtener su primera licencia puede acudir a una armería, seleccionar el arma y posteriormente completar los requisitos establecidos por las autoridades.
Por un lado, existe una política pública dirigida a restringir la entrada de nuevas armas al mercado civil. Por otro, continúa existiendo un circuito comercial legal autorizado para venderlas.
Parte de ese mercado puede abastecerse de inventarios existentes, transferencias y operaciones permitidas por la normativa, mientras determinadas importaciones han sido autorizadas excepcionalmente por el Poder Ejecutivo.
En 2023, por ejemplo, Interior y Policía emitió resoluciones autorizando importaciones de armas para uso exclusivo de empresas de vigilancia y seguridad privada.
En marzo de 2025, el Poder Ejecutivo abrió temporalmente la importación de municiones bajo determinadas condiciones y mantuvo expresamente la prohibición general para el comercio con particulares.
La política restrictiva ha elevado el precio de las armas en República Dominicana, en perjuicio del comprador de armas de segunda mano o las nuevas que han llegado con algún tipo de autorización. A eso se agregan impuestos, costos regulatorios, intermediación, inventarios limitados y el valor que adquieren determinadas armas precisamente por la dificultad de reemplazarlas.
La paradoja de las armas en RD: está prohibida su importación, pero las armerías siguen vendiéndolas
El resultado es un mercado en el que algunas armas pueden comercializarse a precios considerablemente superiores a los registrados en Estados Unidos, principal origen de muchas de las marcas utilizadas en República Dominicana.
Tráfico ilegal sigue siendo un problema
En mayo de este año, la Policía Nacional y el Ministerio Público anunciaron la denominada Operación Clave, mediante la cual dijeron haber desmantelado una organización transnacional dedicada al tráfico ilegal de armas. Durante 14 allanamientos fueron detenidas 14 personas y ocupadas 20 armas de fuego.
Las autoridades también han informado periódicamente de decomisos de armas ilegales, armas robadas y otras sometidas a investigación. En septiembre de 2025, por ejemplo, la Fuerza de Tarea Conjunta informó haber retirado 460 armas de circulación, de las cuales 355 eran ilegales.