SANTO DOMINGO.- Cuando decenas de fiscales y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas irrumpieron simultáneamente en propiedades de Santiago y otras localidades del país en septiembre de 2021, la República Dominicana comenzó a conocer una estructura criminal que desde entonces lleva un nombre: Operación Falcón.
Documentos judiciales y comunicados oficiales del Departamento de Justicia de Estados Unidos reconstruidos por EL DÍA permiten establecer que las autoridades federales investigaban a integrantes de la misma organización en 2013, varios años después de que en República Dominicana se desmantelara la banda de José David Figueroa Agosto, por lo que se estima que heredó parte del negocio que llevaba el narco boricua y su red.
Las investigaciones del caso de 2013 en Puerto Rico y el de 2021 en República Dominicana sindican con cabecillas a Erick Randhiel Mosquea Polanco, señalado por las autoridades estadounidenses y dominicanas como uno de los principales dirigentes de la organización, y Juan José de la Cruz Morales, conocido como “Wandy”.
Ambos imputados fueron acusados formalmente por un gran jurado federal de Puerto Rico en octubre de 2016.
Según el expediente, Mosquea, Wandy y otros cuatro hombres conspiraban desde al menos enero de 2013 para introducir cocaína desde República Dominicana hacia Puerto Rico, territorio estadounidense.
La investigación terminó identificando una estructura que también sacava de Estados Unidos el dinero generado por las ventas de las drogas.
Por eso la acusación de 2016 incluyó una conspiración para lavar más de un millón de dólares procedentes del narcotráfico y una pretensión de decomiso de US$15 millones.
Una red dominicana con alcance internacional
El Departamento de Justicia define a Mosquea como líder de una organización internacional de tráfico de cocaína y lavado de dinero basada en República Dominicana. Eso coloca al país como centro de coordinación de una estructura cuya cadena operacional implicaba traer drogas desde Colombia y Venezuela a República Dominicana, para llevarla a Puerto Rico y desde allí enviarla a su destino final en Estados Unidos continental, especialmente New York y New Jersey.
El dinero fruto de la venta de la droga en Estados Unidos era retornado a República Dominicana con el que se procedía al pago a los carteles de Colombia y Venezuela, pero gran parte se lavaba en este país.
En tal sentido, la DEA sostiene que Mosquea dirigía una red que se extendía por Colombia, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico.
Una investigación diferente desarrollada en Nueva Jersey sostiene que la organización distribuyó más de mil kilogramos de cocaína en Nueva Jersey, Nueva York y otros lugares entre enero de 2020 y septiembre de 2023.
Durante esa investigación las autoridades estadounidenses decomisaron decenas de kilogramos de cocaína y más de US$6 millones en dinero procedente del narcotráfico.
La acusación sostiene además que Mosquea coordinaba el lavado de millones de dólares producto de la venta de cocaína hacia República Dominicana y otros lugares.
La primera pista aparece en 2013
La primera acusación estadounidense conocida permite retroceder hasta enero de 2013, mientras que un gran jurado federal de Puerto Rico acusó el 13 de octubre de 2016 a Erick Mosquea Polanco; Juan José de la Cruz Morales, “Wandy”; Kevin De Morla Santana; Rudy Contreras Severino; José Morales Soto y Sandy Hernández Mieses.
Los fiscales estadounidenses sostuvieron que entre enero y mayo de 2013 los seis conspiraron para importar y tratar de importar drogas desde República Dominicana hacia Estados Unidos más de cinco kilogramos de cocaína.
Cuando agentes de Homeland Security Investigations arrestaron a Sandy Hernández Mieses en 2016 encontraron más de US$30,000 en efectivo, tres pistolas y, según informó entonces la Fiscalía Federal de Puerto Rico, más de 1,700 kilogramos de cocaína. La Fiscalía también anunció una reclamación de decomiso relacionada con narcóticos ascendente a US$15 millones.
Tres de los seis acusados habían sido arrestados, mientras que sobre los otros tres se pidió a República Dominicana su captura con orden de extradición.
Una fuerza especializada seguía el corredor del Caribe
En la investigación participaba el Caribbean Corridor Strike Force, conocido por sus siglas CCSF, una fuerza interinstitucional creada precisamente para investigar las organizaciones que utilizan el Caribe como corredor de narcotráfico hacia Estados Unidos.
El CCSF concentra sus esfuerzos en organizaciones criminales transnacionales con operaciones en el Caribe y Sudamérica que utilizan rutas marítimas y aéreas para introducir narcóticos hacia Puerto Rico y posteriormente hacia Estados Unidos continental. También investiga el retorno del dinero generado por la droga.
En esa plataforma participan la DEA, Homeland Security Investigations, FBI, Coast Guard Investigative Service, U.S. Marshals Service y la Fiscalía Federal, entre otras entidades.
Eso permitió combinar inteligencia sobre narcóticos, fronteras, movimientos marítimos, lavado de dinero, fugitivos y procesos judiciales.
Y de ese mecanismo de cooperación surgiría una conexión directa con lo que ocurrió en República Dominicana en septiembre de 2021.
Estados Unidos ayudó a construir Falcón
Uno de los documentos más reveladores sobre los orígenes de la Operación Falcón fue publicado por el propio Departamento de Justicia estadounidense apenas días después de los allanamientos realizados en República Dominicana.
El 20 de septiembre de 2021, la Fiscalía Federal de Puerto Rico informó sobre la extradición de Wandy hacia territorio estadounidense.
La investigación del Caribbean Corridor Strike Force había permitido identificar a De la Cruz Morales y otros objetivos que operaban en República Dominicana.
Luego, la inteligencia obtenida fue compartida con las autoridades dominicanas.
Según el Departamento de Justicia, esa información ayudó a la DNCD a desarrollar la Operación Falcón.
Fuentes antinarcóticas informaron a EL DÍA que algunas de sus piezas principales llevaban años identificadas dentro de investigaciones federales estadounidenses.
Wandy cayó durante Falcón y terminó en Puerto Rico
Juan José de la Cruz Morales era simultáneamente un objetivo de la Operación Falcón y un fugitivo reclamado por Estados Unidos.
Fue detenido en Santo Domingo durante el operativo encabezado por la DNCD y el Ministerio Público dominicano, con apoyo de la DEA.
Poco después fue extraditado.
En Puerto Rico lo esperaba la acusación federal presentada cinco años antes.
Estados Unidos le imputaba siete cargos relacionados con conspiración para importar sustancias controladas, importación y tentativa de importación, conspiración para posesión con intención de distribuir cocaína y lavado de dinero.
Mientras República Dominicana comenzaba a procesar judicialmente a decenas de personas relacionadas con Falcón, uno de los hombres señalados como parte de su núcleo principal pasaba directamente a la jurisdicción estadounidense.
Mosquea, en cambio, desapareció y permaneció prófugo hasta que en 2024 fue arrestado en Colombia con fines de extradición. Las autoridades dominicanas coordinaron con Estados Unidos no solicitar la extradición porque entonces las leyes colombianas disponían que debía ser extraditado a su país de origen, República Dominicana, y no podían enviarlo a Estados Unidos.
Mosquea fue acusado en cuatro cargos relacionados con conspiración para distribuir cocaína destinada a importación ilegal hacia Estados Unidos e importación de cocaína procedente de lugares fuera del territorio estadounidense.
Entre los países mencionados expresamente aparecen República Dominicana, Venezuela y Colombia.
La investigación de ese segundo expediente quedó bajo responsabilidad de la División del Caribe de la DEA.
Dos jurisdicciones estadounidenses lo esperan
Mosquea tiene procesos federales abiertos en Puerto Rico y Nueva Jersey.
En Puerto Rico debe responder por las acusaciones relacionadas con las operaciones que Estados Unidos remonta por lo menos hasta 2013 y por el segundo expediente presentado en 2022.
Homeland Security Investigations encabeza la investigación correspondiente al expediente de 2016.
La División del Caribe de la DEA dirige la correspondiente a la acusación de 2022.
La fiscal federal Camille García tiene a su cargo los procesos en Puerto Rico.
En Nueva Jersey existe una acusación sustitutiva de tres cargos.
Se le imputa conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, posesión con intención de distribuir cinco kilogramos o más y conspiración para lavar instrumentos monetarios.
Los fiscales sostienen que entre enero de 2020 y septiembre de 2023 la organización encabezada por Mosquea distribuyó más de mil kilos de cocaína en Nueva Jersey, Nueva York y otros lugares.
También habría coordinado el movimiento de millones de dólares procedentes de esas operaciones hacia República Dominicana y otros destinos.
La DEA clasificó a Mosquea como Regional Priority Organizational Target, RPOT, categoría reservada para objetivos organizacionales considerados relevantes en una determinada región.
Otros integrantes ya fueron condenados
El Departamento de Justicia asegura que numerosos integrantes de su organización ya han sido condenados en Estados Unidos.
Uno de los casos más recientes es el de Samuel Alectus, alias “Capet”, de 37 años.
Un gran jurado federal de Nueva Jersey lo acusó de conspirar con otras personas para distribuir y poseer con intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína.
Alectus fue declarado culpable en juicio el pasado 16 de julio.