Más de 500 establecimientos de salud y servicios estéticos han sido clausurados, de acuerdo con informaciones del Ministerio de Salud Pública (MSP) desde 2024 por operar al margen de las normas sanitarias. Sin embargo, las muertes de mujeres tras someterse a procedimientos estéticos en centros no habilitados o clandestinos continúan registrándose.
El caso más reciente es el de la oficial de la Policía de Nueva York (NYPD) Rebecca De Paula, de origen dominicano.
Falleció la madrugada del domingo en una clínica del Distrito Nacional tras someterse a una cirugía para retirarse implantes mamarios. Aunque no se han ofrecido detalles oficiales sobre el estado de la clínica, su madre indicó que al ser informada sobre el la situación de salud de su hija, le dijeron que estaba grave, pero nunca le comunicaron que había fallecido.
“Me dijeron que estaba grave, pero no que había muerto”, afirmó.
Según informaron sus familiares, tras la intervención quirúrgica, Rebecca presentó una diarrea severa y el personal médico les informó que habría contraído una bacteria que le provocó esa condición.
Otro caso el de Rebeca Brizard, de 37 años, falleció tras someterse a un procedimiento realizado por una persona que, según confirmó el Ministerio de Salud Pública, no posee título como profesional de la salud.
Rebeca Brizard (fallecida)Además, el establecimiento identificado como Clínica Obesidad y Anti-Envejecimiento Doctora Griselda Basora no figuraba registrado en los archivos oficiales de la institución.
En marzo de este año, en Santiago, Ángela Geraldine Hernández, de 32 años, murió luego de practicarse un procedimiento estético en la clínica Diosa, un hecho que generó cuestionamientos sobre las condiciones en que operaba el centro y que posteriormente la entidad, órgano de la salud, informó que esa centro, ya había sido clausurado.Ángela Geraldine Hernández
En ambos casos, las investigaciones revelaron irregularidades en los establecimientos donde fueron practicados los procedimientos, lo que pone en cuestionamientos la supervisión de las clínicas estéticas y la necesidad de que los pacientes verifiquen la habilitación de los centros antes de someterse a una intervención.
Más de 500 establecimientos cerrados
Informes del Ministerio de Salud Pública indican que, entre 2024 y abril de 2026, fueron clausurados 501 establecimientos de salud y servicios estéticos por incumplir la Ley General de Salud 42-01 y otras normas sanitarias.
Las clausuras responden a las labores de inspección, vigilancia y control sanitario realizadas por las autoridades en todo el territorio nacional.
Principales irregularidades detectadas
Los informes de inspección establecen que las principales causas fueron:
Operar sin licencia de habilitación sanitaria.
Permisos vencidos.
Modificaciones estructurales no autorizadas.
Prestación de servicios fuera de la cartera aprobada.
Investigaciones por fallecimientos ocurridos en algunos centros.
Denuncias por irregularidades.
La Ley General de Salud 42-01 faculta al Ministerio de Salud Pública a ordenar la clausura parcial, temporal o definitiva de establecimientos que operen sin habilitación sanitaria o incumplan las normas de seguridad. La legislación también contempla multas y sanciones penales para quienes mantengan en funcionamiento centros al margen de la normativa.
Entre los establecimientos clausurados figuran Aplas American Plastic Surgery, Anatómica de Trasplante Capilar y la Clínica Guzmán, en Jacagua, donde las autoridades ordenaron el cese de los procedimientos quirúrgicos por no contar con la infraestructura requerida y operar una cámara hiperbárica sin autorización.
Las acciones también alcanzaron centros médicos, odontológicos, laboratorios clínicos, bancos de sangre, centros de diagnóstico por imágenes, clínicas de medicina estética, estudios de tatuajes y consultorios privados ubicados en el Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Monseñor Nouel y otras provincias.
Salud Pública pide verificar médicos y clínicas
Ante estos casos, el director del Departamento de Habilitación y Acreditación de Establecimientos y Servicios de Salud, Juan Gerardo Mesa Pérez, recomendó a la población verificar, a través del portal del Ministerio de Salud Pública, tanto el estatus del profesional como el de la clínica donde pretende realizarse un procedimiento.
El funcionario explicó que esta consulta permite confirmar si el establecimiento cuenta con la habilitación correspondiente y si el médico está autorizado para ejercer la especialidad que ofrece.
Nuevo Código Penal endurece las sanciones
Mientras la Ley 42-01 establece sanciones administrativas y penales para los establecimientos que incumplen las normas sanitarias, la entrada en vigencia del nuevo Código Penal ampliará la responsabilidad penal de las clínicas privadas cuando incurran en actuaciones negligentes.
El abogado Eric Raful afirmó que la entrada en vigencia del nuevo Código Penal (Ley 74-25) fortalecerá la responsabilidad penal de las clínicas y centros de salud privados.
“La salud pasa a ser un bien jurídico protegido con el nuevo Código Penal”, sostiene el jurista.
Explicó que la nueva legislación incorpora sanciones penales para los centros de salud que incurran en faltas por imprudencia, como la falta de supervisión, el incumplimiento de los requisitos exigidos a los especialistas o la violación de los protocolos durante la atención de los pacientes.
Más del 80 % recibió cierre inmediato
El Ministerio de Salud Pública informó que más del 80 % de las inspecciones concluyeron con el cese inmediato de los servicios, acompañado de una citación formal. El resto de los establecimientos recibió plazos para corregir las irregularidades detectadas o iniciar procesos de regularización.
Los casos recientes evidencian que el desafío sigue siendo impedir que personas sin la debida formación y centros sin habilitación continúen ofreciendo procedimientos estéticos que ponen en riesgo la vida de los pacientes.
La entrada en vigencia del nuevo Código Penal añade un componente de responsabilidad penal, pero especialistas coinciden en que la prevención también depende de una mayor fiscalización y de que los ciudadanos verifiquen siempre la legalidad del centro y del profesional antes de someterse a cualquier intervención.
NDIGITAL