En República Dominicana, menores de edad y personas envejecientes en condición de vulnerabilidad continúan enfrentando situaciones de abandono y maltrato, pese a los programas y organismos destinados a su protección. Ante esta realidad, el nuevo Código Penal establece penas más severas para quienes incurran en estos delitos, que pueden ir desde dos hasta 30 años de prisión, según las circunstancias y consecuencias del hecho.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), entre 2020 y 2025 fueron recibidas 2,675 denuncias por maltrato a personas envejecientes, incluyendo conflictos familiares, maltrato psicológico, abandono y violaciones al derecho de propiedad. Mientras, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) reportó 1,114 denuncias durante 2025, unas 200 más que las registradas en 2024.
Las cifras evidencian la persistencia de esta problemática y plantean el desafío de fortalecer la protección de estos grupos vulnerables. Con el endurecimiento de las sanciones surge una interrogante: ¿serán las nuevas penas suficientes para reducir los casos de abandono y maltrato?