Santo Domingo.-Un total de 401 víctimas fueron rescatadas de redes criminales de trata de personas en República Dominicana entre los años 2023 al 2026, siendo 2025 el período con la mayor cantidad de rescates, de acuerdo con estadísticas de la Procuraduría Especializada contra la Trata de Personas (PETT).
Mientras, que en los meses del año 2026 han rescatados unas 69 mujeres, en mayo 62 y en julio siete, según reporte de la autoridad tras desmantelar red de trata. La titular de la PETT, Yoanna Bejarán, informó que la mayoría de las víctimas rescatadas son de nacionalidad venezolana y colombiana, aunque también se han identificado casos de otras nacionalidades, incluyendo dominicanas.
Todas fueron víctimas de explotación sexual por parte de organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas. El objetivo de las autoridades es evitar que más personas caigan en manos de estas estructuras criminales, ya que este delito no sólo afecta a las víctimas, sino también a sus familias.
Captación falsas ofertas
Bejarán manifestó que las víctimas eran captadas con la promesa de trabajar en restaurantes, hoteles y otros establecimientos turísticos de zonas como Punta Cana y Puerto Plata.
Al llegar al país son sometidas a explotación sexual y proxenetismo, según investigación revelaron que las redes de trata desmanteladas durante los últimos años estaban integradas por dominicanos, colombianos, venezolanos y haitianos, quienes han sido sometidos a la justicia. Bejarán, quien también dirige la unidad de Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos, explicó que estas red criminales operan de manera coordinada entre varios países.
Las organizaciones criminales promocionaban los servicios sexuales de las víctimas, cuyas edades oscilaban entre 18 y 35 años, mediante catálogos difundidos en red de mensajerías como WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook y otras páginas Web. De acuerdo con las pesquisas, cobraban entre RD$3,500 y RD$4,000 por servicios, y en algunos casos los pagos que realizaban los clientes eran en dólares.
Las investigaciones realizadas por la PETT determinaron que, una vez las víctimas llegaban al país y eran trasladadas al lugar donde residirían, los miembros de la organización les retenían sus pasaportes. Posteriormente, les informaban que habían adquirido una supuesta deuda de entre US$3,000 y US$4,000 con la estructura criminal. Si no contaban con ese dinero, eran obligadas, bajo amenazas, a prostituirse para saldar la deuda.
Las víctimas recibían la advertencia de que no podrían abandonar la organización hasta pagar la totalidad del monto exigido, lo que las mantenía bajo un constante estado de coacción y amenazas psicológicas. "Cuando las rescatamos, muchas veces las vemos caminando libremente, pero las cadenas no son físicas; las cadenas son psicológicas.
Las amenazan con divulgar información o imágenes íntimas que afectan su dignidad y su vida personal", expresó la magistrada Bejarán. Indicó que el temor a la exposición pública y a las represalias mantiene sometidas a muchas víctimas, aun cuando no permanecen físicamente encerradas.
La investigación han permitido establecer que las red criminal que operan en el país que mantienen vínculos con otras en Colombia, Venezuela y otros países. Cada integrante cumple una función específica dentro de la estructura: uno capta a la víctima, otro compra el boleto aéreo, otro coordina el traslado y otro la acompaña durante el viaje hasta llegar al país.
Luego otros miembros de la red la reciben y trasladan a vivienda donde son explotadas sexualmente. Si la víctima intenta escapar o se niega a prostituirse, las amenazan con que harán daño a sus familiares o a sus hijos, ya que los delincuentes conocen el lugar donde residen.