La suspensión de los cinco agentes que acompañaban al cabo José Francisco Moreta Heredia durante el operativo en el que murió de un disparo Darlin Enmanuel Mercado Reyes ha abierto un debate sobre las responsabilidades que tienen los miembros de una patrulla cuando una persona resulta herida durante una intervención policial.
La decisión fue anunciada por el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, quien explicó que los agentes fueron suspendidos de manera preventiva por una aparente “falta de humanización” durante el hecho, comportamiento que ahora es investigado por los organismos de control interno de la institución.
Aunque la investigación penal se concentra en determinar la responsabilidad del cabo Moreta Heredia por el disparo que ocasionó la muerte del joven, la legislación dominicana también establece obligaciones específicas para los demás agentes que participan en un operativo cuando una persona resulta lesionada.
La Ley No. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, establece en su artículo 5 que la misión de la institución es “proteger la vida, la integridad física y la seguridad de las personas; garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades; prevenir e investigar las infracciones penales y preservar el orden público”.
Este mandato convierte la protección de la vida en el principal deber de los miembros de la Policía Nacional, incluso durante una intervención en la que sea necesario utilizar la fuerza.
La ley obliga a asistir a toda persona herida
Esa obligación se desarrolla de manera más específica en el artículo 55 de la misma ley, que regula el uso de la fuerza. La norma dispone que los agentes solo podrán emplearla cuando sea estrictamente necesario y conforme a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y racionalidad.
Sin embargo, el artículo también establece qué debe ocurrir una vez una persona resulta herida durante un operativo. La disposición ordena que los policías deben reducir al mínimo los daños y las lesiones, proteger y preservar la vida humana y solicitar de inmediato asistencia y servicios médicos para toda persona herida o afectada.
Asimismo, señala que cuando el uso de la fuerza produzca lesiones o la muerte de una persona, el hecho debe ser comunicado inmediatamente a los superiores para que estos informen al Ministerio Público y se inicie la investigación correspondiente.
En otras palabras, la obligación legal de un policía no termina cuando deja de disparar, sino que continúa con el deber de proteger la vida de la persona lesionada y activar los protocolos establecidos por la ley.
Los demás policías también tienen responsabilidades
La legislación también contempla obligaciones para los demás miembros de la patrulla.
El artículo 14 de la Ley 590-16 establece que los policías deben ejercer sus funciones con absoluto respeto a la Constitución, los derechos fundamentales y los derechos humanos.
La disposición agrega que ningún miembro de la institución podrá ordenar, infligir o tolerar actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni justificar una actuación ilegal alegando órdenes superiores o circunstancias excepcionales.
Estas disposiciones implican que los agentes que presencian una actuación presuntamente irregular también tienen deberes legales y disciplinarios dentro de la intervención.
Los protocolos también establecen cómo actuar después del uso de la fuerza
A estas disposiciones se suma el Reglamento para el Uso de la Fuerza de la Policía Nacional, aprobado mediante el Decreto No. 2-25, el cual desarrolla los procedimientos que deben seguir los agentes una vez emplean la fuerza.
El reglamento establece que, cuando una persona resulte lesionada, los policías deben prestar o gestionar atención médica inmediata, proteger la vida de la víctima, asegurar la escena de los hechos e informar lo ocurrido a la cadena de mando para la activación de los procedimientos correspondientes.
Estas normas también están alineadas con los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego, que disponen que, siempre que el uso de la fuerza cause lesiones, los agentes deben garantizar asistencia médica en el menor tiempo posible y comunicar el incidente a las autoridades competentes para su investigación.
¿Qué investiga ahora la Policía Nacional?
En el caso de Darlin Mercado Reyes, un video difundido en redes sociales muestra que, tras recibir el disparo, el joven cayó al pavimento mientras los demás integrantes de la patrulla permanecían en el lugar.
Precisamente esa actuación es la que ahora analiza la Policía Nacional, luego de que el vocero institucional afirmara que en las imágenes se aprecia una aparente “falta de humanización”.
Hasta el momento, la Policía Nacional no ha informado que los cinco agentes suspendidos sean investigados por haber participado en el disparo que causó la muerte del joven. La suspensión constituye una medida administrativa mientras la Dirección de Asuntos Internos determina si su comportamiento durante y después del hecho se ajustó a las obligaciones establecidas en la Ley 590-16, el Reglamento para el Uso de la Fuerza y los protocolos institucionales.
Las investigaciones deberán establecer si los agentes cumplieron con el deber legal de procurar asistencia médica inmediata, proteger la vida del herido, informar oportunamente a la cadena de mando y actuar conforme a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos que rigen el ejercicio de la función policial en la República Dominicana.