La Ley 36-26, que incrementó las tarifas de contribución para la gestión de residuos sólidos, y cuyos efectos se anticipan como devastadores para la sostenibilidad de muchas empresas, ya se aplica, y los gritos están por doquier. No es para menos, la carga de gravámenes es despiadada. A la normativa se la llama coloquialmente “ley de pago por escombros” y algunos advierten que, efectivamente, convertirá en “escombros” a muchos negocios. Sería también otro elemento inflacionario, al añadirse inevitablemente a los costos de producción. Para colmo, la “verdadera reforma fiscal” sigue pendiente, oficialmente. No bastan este incremento en cuanto a residuos sólidos, ni la Ley 30-26 de “mitigación de la crisis”, que también ya nos quita dinero a todos.