Las condenas por tráfico ilícito de migrantes no siempre terminan con los responsables tras las rejas, pese a que la Ley 137-03 establece penas hasta de 15 años para quienes faciliten el ingreso o el traslado clandestino de extranjeros.
Una revisión de siete sentencias emitidas este año por el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Dajabón muestra que solo dos de las personas halladas culpables deberán cumplir una pena de reclusión menor por transportar haitianos en condición migratoria irregular, en hechos ocurridos entre febrero de 2024 y abril de 2025.
En los cinco expedientes restantes, el tribunal aplicó las circunstancias atenuantes previstas en el artículo 463 del Código Penal al considerar distintos factores como infractores primarios, la admisión de los hechos, el arrepentimiento, la ausencia de agravantes y las posibilidades de reinserción social como parte de las bases para reducir las penas y suspenden total o parcialmente su ejecución.
Cómo operaban
Los siete expedientes revisados muestran un patrón similar. Seis de los condenados fueron arrestados en Dajabón mientras transportaban entre dos y ocho haitianos en condición migratoria irregular. Los tribunales consideraron como prueba del beneficio económico las declaraciones de los migrantes o el dinero ocupado durante los arrestos.
Seis de los siete imputados enfrentaron el proceso en libertad con medidas de coerción. Solo Fernando Martínez Ramos permaneció en prisión preventiva y deberá cumplir un año y dos meses de cárcel. Francima Aristil, por su parte, fue el único condenado que deberá cumplir íntegramente la pena de tres años de prisión.
Multas
Aunque todos los condenados fueron obligados a pagar una multa a favor del Estado, el tribunal fijó montos que oscilaron entre dos y cinco salarios mínimos en seis de los casos, tras aplicar las circunstancias atenuantes.
La excepción fue Francima Aristil, sentenciado al pago de 150 salarios mínimos, equivalente al mínimo previsto en la Ley 137-03 para el delito de tráfico ilícito de migrantes. Además del decomiso de RD$18,650.00 y la suma de 9,750 goudes, a favor del Estado dominicano.