La bancarización puede ser una herramienta útil para ordenar la economía, ampliar derechos y reducir riesgos. Pero pierde legitimidad cuando el control parece caer solo sobre el pequeño ahorrante, el trabajador informal o el ciudadano común que debe justificar cada peso. Si el sistema exige transparencia hacia abajo, debe aplicarla con el mismo rigor hacia arriba. No es razonable que se vigile con celo a quien deposita poco mientras persisten preguntas sobre grandes flujos de capital en sectores visibles como la construcción. La formalización no puede funcionar como castigo selectivo ni como máquina recaudadora.