Santo Domingo, RD.– Un total de 422 bienes muebles e inmuebles, entre ellos vehículos de lujo, relojes, fincas, armas de fuego y la devolución de RD$5,000 millones, forman parte del decomiso ordenado por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional en el caso Coral.
La decisión judicial, que impone penas de hasta 20 años de prisión contra varios de los imputados por asociación de malhechores y estafa en perjuicio del Estado dominicano, también dispone la confiscación de estos bienes como parte de la reparación por los daños causados al erario.
Pero, ¿cómo pasarán estos bienes a manos del Estado y qué procedimiento debe agotarse para que puedan ser utilizados o administrados definitivamente?
El abogado Félix Portes explicó a El Día que los bienes ocupados o incautados no pueden ser utilizados, vendidos ni transferidos libremente por el Estado mientras la sentencia que ordena su decomiso no adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
Esto implica que primero deben agotarse, o vencer los plazos para ejercer, los recursos legales correspondientes, principalmente la apelación y la casación. Hasta que no exista una decisión definitiva y firme, los bienes permanecen bajo custodia y administración estatal, pero no forman parte del patrimonio público.
¿Qué pasará con los 422 bienes decomisados en el caso Coral?
Portes señaló que actualmente la entidad responsable de custodiar, administrar y disponer de los bienes incautados y decomisados es el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados (INCABIDE), organismo creado mediante la Ley 60-23.
Indicó que, una vez exista una sentencia definitiva que ordene el decomiso, los bienes pasarán formalmente al patrimonio del Estado y se activarán los mecanismos previstos por la ley para su administración, adjudicación o venta, dependiendo de la naturaleza de cada activo.
En muchos casos, explicó, los bienes pueden ser vendidos mediante subasta pública y los recursos obtenidos son distribuidos conforme a las disposiciones legales relacionadas con la recuperación de activos, la lucha contra la corrupción y otros fines públicos establecidos por la normativa vigente.