SANTO DOMINGO.- Pedro Alejandro Castillo Paniagua (Quirinito) y Priscila Díaz Infante —sicaria del recluso Rolando Florián Féliz—, por solo citar dos, figuran entre las figuras del bajo mundo de las drogas que han logrado evadir de manera burlesca sus condenas, haciéndose pasar por “muertos y enfermos”.
Se trata de personajes que, a juzgar por el prontuario oficial dado a conocer por las autoridades, todo el mundo sabe dónde están y a qué se dedican, pero no los apresan.
Quirinito
El caso de Castillo Paniagua, conocido popularmente como "Quirinito", por ser sobrino del exnarcotraficante Quirino Ernesto Paulino Castillo, representa uno de los escándalos judiciales y policiales más insólitos en la historia reciente de República Dominicana.
Su historial transita desde un violento homicidio hasta una fuga de película utilizando un acta de defunción falsa.
En marzo de 2009 fue apresado tras ser acusado del asesinato del ciudadano español Gustavo Adolfo Elías Varela (Waikikí), cuyo cadáver fue hallado en la Autovía del Este, en Juan Dolio, al este de República Dominicana. El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional le dictó tres meses de prisión preventiva.
Sin embargo, a pesar de la gravedad del hecho, la Corte de Apelación le varió la medida de prisión preventiva por una garantía económica, luego de que familiares de una víctima colateral retiraran una querella, permitiéndole inicialmente llevar parte del proceso bajo presentación periódica.
En enero de 2010, el Tribunal Colegiado de San Cristóbal le revocó la libertad condicional y le impuso nuevamente prisión preventiva ante el inminente juicio de fondo.
En el juicio de fondo, en abril de 2010, un tribunal de San Cristóbal lo condenó a 20 años de prisión por homicidio voluntario en perjuicio del español Gustavo Adolfo Elías Varela (Waikikí).
Por considerarla insuficiente, el Ministerio Público apeló dicha condena, logrando que la pena le fuera elevada a 30 años de reclusión mayor.
En mayo de 2015, la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia le rechazó un recurso de casación y le ratificó de manera irrevocable la condena de 30 años, adquiriendo el expediente el estatus de cosa juzgada.
La trama de fuga
En mayo de 2017, bajo artimañas de sus abogados, logró que fuera trasladado a la cárcel de San Francisco de Macorís, donde tenía planificado un plan de fuga.
Bajo el argumento de que padecía un supuesto cáncer terminal en la lengua, un tribunal de Ejecución de la Pena de San Francisco de Macorís le concedió el beneficio de prisión domiciliaria para que fuera tratado médicamente en un apartamento residencial en esa ciudad.
Días después, el 5 de julio de 2017, el médico legista Orlando Herrera Robles certificó oficialmente la defunción de Castillo Paniagua, alegando como causa un infarto agudo al miocardio provocado por el cáncer terminal.
Dos meses después, en septiembre de 2017, estalló el escándalo público de que su muerte no era cierta y de que el recluso nunca fue velado ni enterrado en la zona.
Ante el escándalo, la Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación exhaustiva, confirmando días después que "Quirinito" no había fallecido y que fingió su muerte para escapar.
Consecuencias inmediatas
Como parte de las consecuencias inmediatas, el Consejo del Poder Judicial y el Ministerio Público suspendieron e investigaron a más de una docena de funcionarios, incluyendo a la jueza de Ejecución de la Pena de San Francisco de Macorís, Aleyda Jiménez Acosta; al médico legista y a varios procuradores de la corte regional, acusados de complicidad o negligencia en el andamiaje del fraude.
En agosto de 2023, tras seis años de búsqueda infructuosa a nivel nacional e internacional con apoyo de la Interpol, el Ministerio Público solicitó y obtuvo una declaratoria oficial de rebeldía en contra de Castillo Paniagua.
Esta declaratoria congela los plazos de prescripción de los delitos y de las condenas pendientes. Esto significa que no importa el tiempo que pase prófugo: el reloj judicial se detiene y tendrá que cumplir la totalidad de su condena en el momento en que sea capturado.
En reiteradas ocasiones se ha dicho que las autoridades conocen su ubicación, pero misteriosamente no ha sido apresado.
Incluso, en 2019, el entonces director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), Sigfrido Pared Pérez, aseguró que la Procuraduría General de la República sabía dónde estaba.
“Se sabe dónde está, lo que pasa es que eso no es un asunto del DNI, eso es un asunto de la justicia dominicana y de la Policía Nacional”, expresó Pared Pérez en esa ocasión, afirmando que tanto la Policía Nacional como la Procuraduría conocen el paradero de Castillo Paniagua.
¿Por qué no lo apresan? Sigue siendo una pregunta sin respuesta.
Priscila Díaz Infante
El caso de Priscila Díaz Infante es uno de los capítulos más recordados de la crónica negra y judicial de República Dominicana. Vinculada directamente al poder operativo que mantenía desde la cárcel el narcotraficante Rolando Florián Féliz, muerto a balazos el 17 de mayo de 2009 en la cárcel de Najayo, San Cristóbal.
Su nombre saltó a la palestra pública en septiembre de 2002, tras el secuestro y posterior asesinato de Víctor Augusto Féliz Matos, hijo del exsenador por Barahona y entonces presidente del Senado, César Augusto Féliz Matos.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público y las crónicas de la época, el crimen fue ordenado desde el centro penitenciario de Najayo por el capo Rolando Florián Féliz. De acuerdo con el expediente, Díaz Infante actuó como el brazo ejecutor o "sicaria" del narcotraficante para consumar el rapto y la ejecución de la víctima.
Por este hecho, en septiembre de 2002 fue sentenciada a la pena máxima de 30 años de prisión, condena que posteriormente fue confirmada por la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia.
Tras cumplir 10 años de prisión, su caso volvió a ocupar los principales titulares de los periódicos debido a un polémico dictamen judicial. En marzo de 2013, el juez de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, Willy de Jesús Núñez, le otorgó el beneficio de prisión domiciliaria por razones de “salud”.
La defensa alegó razones humanitarias y graves problemas de salud, asegurando que la interna padecía de una condición médica severa que supuestamente la había dejado paralítica de las piernas, lo que la imposibilitaba para seguir recluida en un penal tradicional. Este dictamen generó fuertes críticas en la opinión pública debido a la gravedad de los delitos por los que había sido condenada.
Su falso estado de salud se comprobó en julio de 2016, cuando fue arrestada nuevamente durante un allanamiento antinarcóticos en una finca en Jarabacoa. Las autoridades la involucraron directamente con un alijo de 110 plantas de marihuana, razón por la que fue regresada a la cárcel para que cumpliera la totalidad de la pena de 30 años a la que había sido sentenciada por el asesinato del hijo del exlegislador.
Al momento del arresto, quedó en evidencia que la supuesta “parálisis” que justificó su salida de la cárcel no era tal, lo que desató un escándalo sobre la ligereza o complicidad con la que se otorgaban los favores judiciales a convictos de alta peligrosidad, un patrón que luego la prensa local compararía con otros sonados casos de fugas o traslados irregulares.
A pesar de su prontuario y sus argucias para evadir la justicia, hace tres años logró por segunda ocasión obtener su libertad sin cumplir la totalidad de la pena, mediante un dictamen judicial que hasta el momento no se sabe por qué ni quién lo emitió. El Nacional obtuvo la información a través de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales.
Sin dudas, Priscila Díaz Infante y Pedro Alejandro Castillo Paniagua (Quirinito) han sido dos reclusos que han corrido con suerte.
ELNACIONAL