El debate público es legítimo, pero las instituciones democráticas requieren responsabilidad. Organizaciones políticas, juristas, ciudadanos, pueden expresar reservas ante decisiones de la Junta Central Electoral, como un reciente reglamento sobre publicación de encuestas. Sin embargo, esto debe hacerse cuidando que la crítica no se convierta en un intento de debilitar al árbitro electoral. Criticar un reglamento es legítimo; deslegitimar al árbitro no. La credibilidad de la JCE es el activo nacional que sostiene la confianza en los comicios. Es paradójico que partidos rechacen regulaciones, mientras aceptan sin reparos los fondos públicos y la defensa institucional que la propia Junta ha realizado de ellos. Opinemos, pero resguardemos la integridad del proceso democrático esencial.