Santo Domingo. A casi 10 años de su promulgación, la Ley 590-16, orgánica de la Policía Nacional, no ha logrado su principal objetivo de reducir la cantidad de generales activos a la cuota máxima de 20 establecida en la normativa, manteniendo actualmente unos 42 oficiales generales en servicio.
La legislación, promulgada el 15 de julio de 2016, otorgaba un plazo de 24 meses al Poder Ejecutivo para retirar de manera gradual a los oficiales generales excedentes dentro de la institución. Para cumplir con este mandato, la propia ley contemplaba la asignación de RD$420 millones destinados a colocar en situación de retiro a 31 generales, incluyendo tres mayores generales, de los 51 que integraban la plantilla de la Policía Nacional en ese momento.
La Ley 590-16 establece claramente que el ascenso al rango de oficial general debe realizarse en función de la necesidad institucional y sujeto a la existencia de plazas disponibles, sin que el número total supere los 20. Sin embargo, la realidad actual refleja un incumplimiento de este límite.
Del total de 42 generales activos, solo 27 desempeñan funciones dentro del organigrama estructural de la institución. De estos, 16 están al frente de distintas direcciones regionales, mientras que los demás ocupan posiciones en organismos internos de la Policía Nacional.
Ascensos y retiros recientes
En febrero de este año, el presidente Luis Abinader emitió el decreto 133-26, mediante el cual colocó en honrosa condición de retiro a cinco generales de la Policía Nacional, basándose en antigüedad en el servicio o en el cumplimiento del tiempo máximo en el rango. Paralelamente, ascendió a seis coroneles al rango de general.
El artículo 6 del decreto establece que los oficiales retirados recibirán una pensión del Estado dominicano, conforme a las disposiciones legales vigentes.
Los generales puestos en retiro fueron Julio C. Betances Hernández, Rufino Ant. Contreras Ruiz, Pedro E. Cordero Ubri, Latif M. Mahfoud Rodríguez y Francisco J. Torres Dotel. En tanto, los coroneles ascendidos fueron Jorge Miguel Perdomo Sena, Antonio del Carmen de los Santos, César G. Ares Montás, Ángel M. García Jaime, Gabriel Antonio de los Santos García y Edgar Ramón Arnoud Vólquez.
Proyecto de reforma policial
En diciembre de 2025 fue depositado ante el Senado de la República el Proyecto de Ley de Modernización y Transformación de la Policía Nacional, el cual busca modificar la Ley 590-16 como parte del proceso de reforma policial en el país.
La iniciativa establece que el ascenso al rango de general será decidido por el presidente de la República, previa opinión favorable del Consejo Superior Policial, entre los coroneles que cumplan con requisitos estrictos. Entre estos se incluye haber acumulado un mínimo de 30 años de servicio policial, cumplir con todas las condiciones legales y contar con certificación en los programas formativos del Instituto Policial de Educación Superior (IPES).
Asimismo, el proyecto propone un proceso de selección en cuatro fases, orientado a evaluar de manera objetiva la trayectoria profesional de los aspirantes.
La responsabilidad de este proceso recaerá en el Consejo Superior Policial, que realizará entrevistas a los coroneles y determinará los perfiles más idóneos para cursar la formación en Alta Dirección Policial, antes de remitir la propuesta final al Poder Ejecutivo. Los seleccionados deberán completar un programa de capacitación estructurado por el IPES, con una duración mínima de seis meses, previo a asumir el rango de general.