El empresario José Ángel "Jochy" Gómez Canaán, principal imputado en el presunto fraude contra el Estado vinculado a la red semafórica del Gran Santo Domingo, afirmó este viernes ante el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que el colapso del sistema no fue producto de sabotaje, sino consecuencia de errores cometidos por autoridades gubernamentales.
En su defensa material ante el estrado, presidido por la jueza Yanibet Rivas, Gómez rechazó la acusación de estafa vinculada al contrato ejecutado por la empresa Transcore, específicamente en relación con el anticipo del 20 % del monto contratado que asciende a 263 millones de pesos.
Según explicó, dichos fondos no fueron "repartidos", como sostiene la acusación, sino destinados al pago de suplidores internacionales y a la ejecución del proyecto.
El empresario indicó que la ejecución del contrato se inició en junio del 2023, mientras que los desembolsos estatales se produjeron meses después, en agosto y octubre.
Durante ese período inicial, Transcore operó mediante una línea de crédito superior a 120 millones de pesos con el Banco BDI y con préstamos provenientes de Dekolor, empresa en la que participa como socio y que también ha sido contrataba con el Estado.
A su vez, afirmó que, la gestión operativa de Aurix, otra de sus compañías con fin de iniciativa de colaboración tecnológica, fue entregada a un funcionario de la Presidencia.
Según sostuvo, la empresa funcionó en ese período como un "brazo técnico del Estado" para coordinar operativos de seguridad junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Policía Nacional, en contraposición a los argumentos del Ministerio Público, que la describe como una estructura clandestina.