Estados Unidos.- Una jueza federal ordenó confirmar un laudo arbitral que obliga a la República Dominicana a pagar cerca de US$44 millones al empresario jamaicano-canadiense, Michael Lee-Chin, tras una batalla legal de casi una década derivada de la terminación de un contrato para operar la administración del vertedero de Duquesa, en Santo Domingo Norte.
En un memorando emitido el martes 31 de marzo, la jueza de distrito Colleen Kollar-Kotelly adoptó en su totalidad la recomendación de un magistrado, desestimó los intentos del Gobierno dominicano de anular la decisión del tribunal internacional y dio la razón al inversionista.
En julio de 2013, el alcalde Francisco Fernández anunció la cancelación del contrato y justificó la ocupación del vertedero de Duquesa por parte del cabildo de Santo Domingo Norte, bajo el alegato de que la empresa Lajun Corporation violó el contrato y que el mismo es “una bomba de tiempo que podría estallar en cualquier momento”.
La disputa se remonta a 2007, cuando Santo Domingo Norte firmó un contrato con la empresa local Lajun Corp. SRL para gestionar Duquesa. En 2013, Lee-Chin, presidente y CEO de Portland Holding Inc., que opera como firma de gestión de inversiones, adquirió indirectamente el 90 % de Lajun, así como la porción del terreno donde se encuentra el relleno sanitario, a través de dos de sus empresas.
Fernández dijo que la empresa brasileña Lajun Corporation había violado todas las partes del contrato que suscribió con el cabildo de Santo Domingo Norte para el manejo del vertedero donde se recibe el 60% de las 8 mil toneladas diarias de desechos sólidos que se producen en el país.
“Prefiero renunciar de la sindicatura, antes que dar mi brazo a torcer, porque este es un asunto de orden público”, declaró en ese tiempo el alcalde.
Fernández dijo que no actuó de manera arbitraria y que previo a la ocupación notificaron a la empresa, pero que los ejecutivos de la misma fueron indiferentes al emplazamiento.
Lee-Chin consideró la medida una expropiación ilegal y en 2018 presentó una demanda ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), instancia del Banco Mundial, amparándose en el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana y la Comunidad del Caribe (Caricom). su reclamo inicial superaba los us$300 millones.
En octubre de 2023, el tribunal arbitral falló a favor del empresario. Los árbitros concluyeron que la terminación del contrato constituía una expropiación y una violación al trato justo y equitativo.
Como compensación por su participación accionaria, ordenaron al Estado dominicano pagar US$38,7 millones por la expropiación y US$4,8 millones por el trato inequitativo, más intereses y costas, sumando poco más de US$43.6 millones.
AGENCIAS