Santo Domingo.– La contaminación sónica y/o el ruido es el delito ambiental más denunciado en República Dominicana, con más de 5,000 casos mensuales a nivel nacional, según reveló el magistrado Francisco Contreras, procurador adjunto de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren).
El funcionario explicó que este tipo de infracción, tipificada en la Ley 90-19 sobre contaminación acústica, no solo afecta la convivencia ciudadana, sino que tiene consecuencias directas sobre la salud física y mental de la población, generando trastornos del sueño, ansiedad, problemas auditivos y alteraciones del sistema nervioso.
“Producir ruidos nocivos de forma constante es un delito ambiental y está sancionado con penas de uno a tres años de prisión y multas que van desde un salario mínimo hasta 30 salarios mínimos”, precisó Contreras.
Indicó que las autoridades han logrado sentencias condenatorias en múltiples casos, incluyendo penas de uno y dos años de prisión, lo que evidencia un mayor nivel de judicialización en este tipo de delitos.
Solo en noviembre del pasado año, las autoridades destruyeron 6,447 equipos de sonido incautados, tras concluir los procesos judiciales correspondientes.
El magistrado señaló que este fenómeno se concentra principalmente en zonas urbanas, donde ciudadanos y establecimientos comerciales suelen ignorar los límites de decibeles permitidos por la normativa ambiental, fijados entre 50 y 55 decibeles en horario diurno y entre 55 y 60 en horario nocturno.