Por Tony Peña Guaba
República Dominicana fue, durante décadas, una nación reconocida por la alta participación de su electorado. Votar no era solo un derecho; era casi un acto de afirmación democrática. Sin embargo, los números recientes nos obligan a detenernos, reflexionar y actuar.
Veamos los datos:
• Año 2000: 76.14%
• Año 2004: 72.83%
• Año 2008: 71.44%
• Año 2012: 70.23%
• Año 2016: 69.60%
• Año 2020 (pandemia COVID-19): 55.29%
• Año 2024: 54.37%
Entre el año 2000 y el 2024 hemos perdido más de 20 puntos porcentuales de participación electoral. No se trata de una variación marginal ni de una simple coyuntura sanitaria —aunque el 2020 estuvo marcado por la pandemia—; lo que observamos es una tendencia estructural y peligrosa.
¿Qué ha sucedido?
La respuesta es incómoda, pero necesaria: la ciudadanía cree cada vez menos en el sistema de partidos y en los políticos. Las promesas no cumplidas del todo, tanto hacia la población como hacia las propias dirigencias y militancias partidarias, han erosionado la confianza. A esto se suma otro fenómeno: la pérdida de identidad ideológica. Las fronteras doctrinarias han sido desplazadas por el pragmatismo.
Hoy, existe una evidente dilución de los linderos doctrinarios en la política contemporánea; en este escenario, el PRM se posiciona como una alternativa de centro con énfasis en la operatividad estatal. Esta hegemonía de la centroderecha ha provocado una atrofia de la izquierda democrática, cuyos postulados de compromiso social hoy solo emergen como ecos tímidos frente a un consenso predominantemente ortodoxo.
El resultado es una desconexión sobre todo con la clase media. Muchos ciudadanos perciben que el discurso político es cada vez más acomodado a los grandes capitales, mientras las mayorías sienten que sus aspiraciones no encuentran eco real en las políticas públicas. El resultado en parte nos ha desconectado como sistema de partidos.
Esta situación nos acerca a un escenario delicado: el de gobiernos de minoría. Es decir, administraciones legítimamente electas, pero sin el respaldo efectivo de la mayoría de la población, porque serían más los que se abstienen que los que ejercen el voto. No estamos lejos de que la participación descienda por debajo del 50%. Ese umbral debe alarmarnos como sociedad.
La democracia no se debilita de golpe; se desgasta lentamente cuando la ciudadanía se siente irrelevante dentro del sistema.
¿Qué hacer?
Primero, recuperar la coherencia entre el discurso y la práctica. Decir lo que se va a hacer y hacerlo. La política no puede ser un ejercicio retórico; debe ser un ejercicio ético. Pero no basta con coherencia discursiva: es imprescindible que las acciones impacten de manera tangible en los núcleos más desfavorecidos.
Segundo, mirar con mayor equilibrio a los distintos sectores sociales. No podemos concentrarnos únicamente en incentivos para los sectores populares o en facilidades para los grandes empresarios. La clase media dominicana —la que más tributa, la que sostiene buena parte del aparato productivo y del consumo interno— tiene pocos dolientes. Hoy casi no existen políticas que alivien su carga fiscal, su acceso a vivienda, su seguridad social o su estabilidad económica.
Tercero, comprender que la herramienta más poderosa para romper la desigualdad sigue siendo la educación. Si queremos que los sectores populares cambien su destino, debemos invertir con seriedad y continuidad en una educación de calidad, vinculada a la productividad, la innovación y la movilidad social.
Todavía estamos a tiempo de revertir esta peligrosa abstención. Más allá de los colores partidarios, necesitamos un verdadero pacto nacional que fortalezca la democracia y favorezca a las grandes mayorías, sin desincentivar la inversión ni el dinamismo del empresariado.
Pero también debemos recordar —como siempre nos enseñó mi padre, el Doctor José Francisco Peña Gómez, último gran líder ideológico de nuestra nación— que la democracia tiene un costo. Y ese costo debe ser asumido, especialmente por quienes más tienen.
Pagar el precio de la democracia significa contribuir con justicia, actuar con responsabilidad social y entender que sin cohesión no hay estabilidad sostenible.
La abstención no es un simple dato estadístico. Es una señal de advertencia. Y las naciones sabias no ignoran las señales: las enfrentan con valentía, reformas y compromiso auténtico con su pueblo.