Autoridades federales de Estados Unidos informaron este martes sobre el desmantelamiento una red de narcotráfico y tráfico de armas que operaba en Nueva Jersey, Nueva York y Connecticut bajo la dirección de un ciudadano dominicano residente en la República Dominicana.
La información fue divulgada por la oficina de Administración de Control de Drogas de EE. UU. (DEA por sus siglas en inglés).
El fiscal federal del distrito de Connecticut, David X. Sullivan, informó sobre el arresto de seis personas vinculadas a la organización criminal, la cual distribuía drogas y armas de fuego en los tres estados mencionados, siguiendo instrucciones del presunto líder desde territorio dominicano.
Los arrestados son Manolin Vargas D´Olon, alias "Robelin", de 30 años; Giovanni Benoit, de 41; Álvaro Pérez, de 40; Anderson Amador Nova, de 35; Ángel Vásquez, alias "Bebo", de 36; y Andy Martínez, de 46. Varios de ellos son ciudadanos dominicanos y residían en Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey.
De acuerdo con documentos judiciales, el ciudadano dominicano radicado en la República Dominicana coordinaba las operaciones de narcóticos y armas mediante una red de redistribuidores en Estados Unidos.
Análisis de sustancias incautadas
El análisis de laboratorio reveló que parte del fentanilo estaba mezclado con bromazolam, una benzodiazepina sintética emergente, cada vez más asociada a sobredosis mortales. Las autoridades también señalaron que el presunto líder de la red hizo declaraciones sugiriendo que tenía capacidad para ordenar actos de violencia en Estados Unidos.
Los seis acusados comparecieron ante un tribunal federal. Vargas D´Olon, Pérez, Nova y Vásquez permanecen detenidos, mientras que Benoit y Martínez fueron liberados bajo fianza con arresto domiciliario.
El 9 de diciembre de 2025, un gran jurado federal en New Haven emitió una acusación formal de 15 cargos, incluyendo conspiración para distribuir fentanilo y metanfetamina, así como múltiples delitos relacionados con el tráfico ilegal de armas de fuego.
De ser hallados culpables, algunos de los acusados enfrentan penas mínimas obligatorias de hasta 10 años de prisión y máximas que podrían alcanzar cadena perpetua.
Acusaciones adicionales
Además, Vargas D´Olon enfrenta una acusación federal separada por posesión de pornografía infantil, tras el hallazgo de material ilegal en su teléfono celular durante un arresto previo por cargos estatales de narcóticos en mayo de 2025. Ese delito conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.
El fiscal Sullivan recordó que las acusaciones no constituyen prueba de culpabilidad y que todos los imputados se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal.
El caso forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, creada para combatir organizaciones criminales transnacionales, cárteles y redes de tráfico que operan dentro y fuera de Estados Unidos, con especial énfasis en delitos violentos y aquellos que involucran a menores.
La investigación contó con la colaboración de varias agencias federales y policiales, así como del Agregado Legal del FBI en Santo Domingo.
AP