Santo Domingo.– Melitón Cordero es supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana y fue arrestado como parte de una investigación federal sobre el presunto abuso de un programa de visas estadounidenses destinado a informantes confidenciales.
La información fue confirmada el jueves a la agencia The Associated Press por un funcionario federal y un exfuncionario con conocimiento del caso, quienes hablaron bajo condición de anonimato debido a que la pesquisa continúa en curso.
La detención de Cordero se produce horas después de que el gobierno del presidente Donald Trump ordenara el cierre inesperado de la oficina antinarcóticos en la nación caribeña, medida que fue calificada como respuesta a una “repugnante y deshonrada violación a la confianza pública”.
De acuerdo con las fuentes citadas, la investigación es encabezada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS). Hasta el momento no se han ofrecido detalles adicionales sobre los cargos específicos ni sobre el alcance de la pesquisa.
Tampoco hubo respuesta inmediata a solicitudes de comentarios dirigidas al DHS ni a la DEA.
Horas antes del arresto, la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, anunció el cierre de la oficina de la DEA hasta nuevo aviso, sin precisar inicialmente el motivo.
“Usar el cargo oficial para beneficio propio es una repugnante y deshonrada violación a la confianza pública”, escribió en la red social X. “No toleraré ni siquiera una percepción de corrupción en ninguna parte de esta embajada”.
Posteriormente, el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Roberto Álvarez, aclaró que el cierre no guarda relación alguna con el Gobierno dominicano ni con funcionarios locales, sino que responde exclusivamente a una investigación interna de Estados Unidos.
El programa de visas bajo escrutinio permite que la DEA, el FBI y otras agencias federales faciliten cada año la entrada a Estados Unidos de cientos de extranjeros que, de otro modo, podrían considerarse inadmisibles debido a su vinculación con actividades criminales. Estas personas colaboran como informantes en investigaciones y, con el tiempo, algunas pueden optar por la residencia permanente.
Un informe publicado en 2019 por un organismo de supervisión del Departamento de Justicia identificó fallas en ese programa, señalando que las autoridades habían perdido el rastro de hasta 1,000 personas patrocinadas, lo que representaba riesgos potenciales para la seguridad pública y nacional.
La República Dominicana es considerada una zona estratégica de tránsito para drogas procedentes de Sudamérica. Durante años, las autoridades dominicanas han trabajado de manera estrecha con sus contrapartes estadounidenses en operativos de interdicción y combate al narcotráfico.
AP