Tras el programa N Investigación Periodística revelar que a un grupo de empleados del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) se les requería realizar aportes periódicos equivalentes a un porcentaje de su salario para sostener el movimiento político Jóvenes Unidos por el Cambio, organización fundada y coordinada por el recién destituido rector Rafael Féliz García, testimonios de exempleados indican que este esquema no sería un hecho aislado y que se habría replicado en otras entidades públicas donde el exfuncionario ocupó cargos en los últimos cinco años.
Según denuncias, este esquema no solo operó en el ITLA sino que llevaría más de 5 años en vigor, conforme reveló un exempleado del Ministerio de la Juventud.
Colaboradores del ITLA habrían sido instruidos a comentar en redes sociales en defensa de la gestión de Rafael Feliz y a firmar cartas de descargo afirmando que no fueron coaccionados para realizar aportes. Capturas de mensajes y testimonios recogidos sostienen que algunos empleados recibieron llamadas para suscribir dichos documentos.
Rafael Feliz García, de 29 años, asumió la rectoría el 17 de julio de 2024. Previamente fue ministro de la Juventud y vicerrector en el Instituto Técnico Superior Comunitario de San Luis. Además, se desempeña como docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Rápido crecimiento patrimonial
Las investigaciones también ponen el foco en el rápido crecimiento patrimonial del rector.
De acuerdo con comparaciones entre las tres declaraciones juradas presentadas al asumir distintos cargos, pasó de no declarar inmuebles ni activos relevantes a adquirir un penthouse valorado en más de RD$10.7 millones y una yipeta de alta gama, además de ampliar su participación en negocios familiares y registrar una nueva empresa durante su gestión pública.
De pagar poco más de 16 mil pesos de alquiler a comprar el 21 de junio de 2023, cuando tenía 2 años y medio como ministro de la Juventud, mediante un préstamo en el banco de Reservas, un penthouse en la unidad E-7 de la Torre Onix XV- XVI, calle Ramón Santana 20 en Gascue, valorado en su declaración en 10 millones 735 mil pesos.
Todo ello, señalan los reportes, sin evidencia pública de herencias, donaciones o ingresos empresariales de alto rendimiento.
Otro elemento bajo escrutinio es el nivel de endeudamiento declarado, que superaría los RD$15 millones, con varios préstamos activos de forma simultánea, por lo que se puede cuestionar cómo un funcionario con ingresos netos mensuales cercanos a RD$200,000 puede sostener compromisos financieros de esa magnitud sin afectar su solvencia.
De igual modo, aumentó su participación en el negocio familiar, Felga Bienes Raíces SRL al pasar de una cuota social valorada en 2 mil pesos a 800 cuotas y se sumó una nueva inversión en Uikucabo Rojo Liquor Store SRL registrado en ONAPI el 31 de agosto de 2023, con la dirección de su vivienda, aunque el negocio está ubicado en las inmediaciones del parque central de Pedernales y registrado en la Cámara de Comercio de esa provincia en 2023, cuando aún era ministro de la Juventud, algo puede ser cuestionable, políticamente incoherente y socialmente contradictorio. Mientras, como funcionario debe promover la salud, educación y el desarrollo de los jóvenes, por otro pretende tener un negocio que contradice la misión de la institución que dirige.
En respuesta a las denuncias, el ITLA informó que remitió documentación a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, encabezada por Milagros Ortiz Bosch, para una revisión preventiva. La institución negó que existan retenciones de nómina con fines políticos, aunque los denunciantes precisan que los aportes señalados serían en efectivo o por transferencias a cuentas de terceros, no deducciones institucionales.
Asimismo, otras denuncias internas relacionadas con presunta tolerancia a prácticas irregulares, incluidos casos judiciales de colaboradores y una querella por acoso laboral y sexual presentada por una empleada, cuyo desenlace también ha sido cuestionado por la denunciante.
Las investigaciones continúan, mientras los denunciantes reclaman esclarecimiento institucional, protección a testigos y una auditoría integral que permita determinar responsabilidades administrativas y, de ser necesario, penales.