Al iniciar la presentación de sus conclusiones en el juicio de fondo por el caso de corrupción que se gestó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y de Seguridad Turística (Cestur, ahora Politur), así como en el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (Conani), el Ministerio Público afirmó haber cumplido su promesa de demostrar que los imputados se asociaron para sustraer más de 4,000 millones de pesos de esas instituciones.
Aclaró, asimismo, que el inicio de la investigación se produjo por lavado de activos, debido a que los principales imputados, incurrieron en la creación de empresas ficticias y de servicios inexistentes, así como al abultamiento de nómina con nombramientos de policías y militares, cuyos salarios de los agentes iban a sus bolsillos.
En cuanto a los nombramientos, el órgano acusador cita en el expediente que el coronel de la Policía Rafael Núñez de Aza, quien se desempeñó como financiero del Cestur, Cusep y Conani, “creó una red que se encargó de colocar a cientos de policías y militares de manera fraudulenta en las nóminas”.
Los policías militares nombrados en las mencionadas instituciones cobraban “entre 20,000 y 70,000 pesos mensuales” y “luego distintos miembros del entramado se encargaban de recoger dichos montos, dejando a la persona nombrada solo con un 10% o menos, del salario establecido”.
Los fondos del patrimonio público que se sustraía eran los que debían dedicarse “a inteligencia, raciones alimenticias, combustibles y nómina”.