Santo Domingo.- Los representantes del sector comercial chino aseguraron hoy que se encuentran en proceso de cumplir con las normativas vigentes de fiscalización local para que las autoridades les permitan reabrir sus negocios.
Jessica Peng, representante del sector comercial chino, expresó que el interés principal es continuar operando, ya que los cierres les han afectado económicamente.
Peng indicó, además, la disposición del sector de trabajar con el acompañamiento de las autoridades, para que los casos puntuales que aún se encuentran en proceso de adecuación normativa puedan subsanar cualquier brecha técnica de manera amigable.
De su lado, el representante legal, el abogado Ramón Peralta, señaló que existe una campaña desleal y de descrédito contra los comerciantes chinos.
Dijo que es falsa la acusación de que contratan mano de obra ilegal y de que no aceptan pagos mediante transferencias, ya que aseguró que todos los comercios aceptan este método de pago.
En cuanto a las fallas en las infraestructuras de los locales, el abogado indicó que la mayoría fueron adquiridos ya construidos y que existían negocios que no eran de nacionales chinos y que no fueron cerrados en ese momento. Asimismo, indicó que continuarán llamando al Gobierno para que les abra sus comercios y se pueda llegar a un acuerdo.
Se recuerda que unas 15 empresas de propietarios chinos fueron cerradas desde septiembre de 2025, por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) de República Dominicana incluyendo plazas y tiendas en el Gran Santo Domingo y el Cibao (como Suplax, Himalaya, La Rocca), alegando riesgos de seguridad, falta de licencias de construcción y fallas estructurales grave.
De ese grupo unas dos empresas reabrieron sus puertas por completar el proceso normativos del país .
El pasado año, la dirección General de Aduanas, detalló que ingresaron más de RD$15,215 millones en impuestos y multas vinculados a prácticas de competencia desleal a través de los operativos realizados al sector comercial chino en el país.
Un comunicado que señala las principales problemáticas detectadas, entre ellas el comercio ilícito, la subvaluación y fallas estructurales en los procesos de importación.
Desde 2023 a la fecha, la DGA ha identificado más de 16,000 contenedores con alto riesgo de subvaluación antes de su despacho. Estos cargamentos fueron revalorados por “duda razonable”, generando impuestos adicionales.