NUEVA YORK.- Un grupo de 21 estados demandó al gobierno del presidente Donald Trump por condicionar los fondos federales bajo la Ley de Víctimas de Delitos (VOCA, por sus siglas en inglés), a la cooperación de las entidades en acciones migratorias contra indocumentados.
“El descarado intento de los acusados de manipular fondos cruciales para las víctimas de delitos con el fin de presionar a los estados para que apoyen las políticas migratorias de la Administración choca frontalmente con dos principios básicos del gobierno estadounidense: la separación de poderes y el federalismo”, acusa la demanda presentada ante la Corte de Distrito de Rhode Island, uno de los estados que lideran el caso.
La demanda ocurre a pocos días de que el Departamento publicara una lista de los estados que considera “jurisdicciones santuario” que protegen a indocumentados y no cooperan con operativos de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La demanda también incluye a los estados de Nueva York, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregon, Vermont, Washington, Wisconsin y la ciudad de Washington, D.C.
“El gobierno federal está intentando utilizar los fondos para víctimas de delitos como moneda de cambio para obligar a los estados a cumplir sus órdenes en materia de control migratorio”, declaró la fiscal general de Nueva York, Letitia James. “Estas subvenciones se crearon para ayudar a los sobrevivientes a sanar y recuperarse, y lucharemos para garantizar que sigan cumpliendo ese propósito. Los neoyorquinos merecen un sistema de justicia que priorice su seguridad. No nos dejaremos intimidar para que abandonemos a ninguno de nuestros residentes”.
Los fondos son administrados por el Departamento de Justicia (DOJ), a cargo de la fiscal general Pam Bondi, que debe asignar los recursos a los estados cada año para apoyar a los sobrevivientes de delitos con servicios como atención médica, terapia, alojamiento y compensación por la pérdida de ingresos.
La demanda busca que el tribunal federal “anule estas condiciones ilegales” de las que se acusa a la Administración Trump.
Para este año, indica la demanda, están en juego más de $1,400 millones de dólares y se expone como ejemplo que entre 2021 y 2024, los estados han utilizado tales fondos de VOCA para asistir, en promedio, a más de 8.5 millones de víctimas de delitos al año, además de pagar más de 200,000 reclamaciones al año por las pérdidas sufridas por las víctimas de delitos.
ELDIARIO