Una auditoría de la Cámara de Cuentas a la gestión financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), en el período del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018, encabezado por Miguel Vargas, reportó varios hallazgos en la administración de recursos.
El informe establece que en 2018 se desembolsaron RD$96,944,000 en nóminas fijas del Programa Estudio Impacto Migratorio, sin evidencias de la labor realizada por el personal beneficiado.
Bienes sin ubicación y mobiliario no registrado
El reporte indica que se pagaron RD$9,959,987 en mobiliario de oficina sin control formal de asignación ni ubicación, lo que impidió la verificación física de los bienes.
También se documentó la entrega de equipos informáticos y materiales por RD$108,835 sin registros de salida, además de pagos de pasivos por RD$16,141,337 sin documentación soporte.
En materia de contrataciones, el Mirex ejecutó obras y servicios por RD$48,310,696 que fueron modificados mediante adendas sin mantener el objeto original, en contravención del Decreto n.º 543-12.
La auditoría identificó además pagos superiores a los trabajos ejecutados por RD$842,683, y bienes no localizados, incluyendo una obra de arte y dos vehículos asignados a embajadores.
Remodelaciones y parqueo soterrado
Durante la remodelación de oficinas del despacho ministerial no fue localizada una butaca valorada en RD$162,227. Tampoco se encontraron registros de órdenes de cambio sobre el mobiliario del proyecto.
En la construcción del parqueo soterrado, contrato n.º 02112015 por RD$184,050,771, la Cámara de Cuentas señala que la obra se ejecutó sin la debida supervisión. Además, se requirió un adendum de RD$42,261,062 por estudios básicos que no se habían contemplado inicialmente.
Procesos de licitación bajo cuestionamiento
El informe también señala inconsistencias en el expediente MIREX-CCC-LPN-2018-0007, aprobado mediante actos administrativos distintos a lo que establece la Ley de Compras y Contrataciones.
Asimismo, en contrataciones de urgencia de 2017 y 2018, el Mirex no remitió a la Contraloría General ni a la Cámara de Cuentas los informes requeridos, incumpliendo el Decreto n.º 543-12.
Posibles responsabilidades administrativas
La Cámara de Cuentas concluye que los hallazgos representan incumplimientos frente a la normativa de contabilidad gubernamental, control interno y contrataciones públicas, lo que podría derivar en responsabilidades administrativas y civiles según la Ley n.º 10-04.
El órgano de control reiteró la importancia de garantizar el uso adecuado de los fondos públicos, conforme a los principios constitucionales de transparencia y eficacia en la administración estatal.