El empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, propietario de Servicio Nacional de Seguridad Privada (Senase) "guisó" desde el 2012 con "jugosos contratos" para proteger las instalaciones y equipos de las tres distribuidoras de electricidad (Edenorte, Edesur y Edeeste), así como los de la ARS gubernamental Senasa y la del Instituto de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), pagando sobornos de más de 108 millones de pesos.
Según el Ministerio Público, Rodríguez González se valió del pago de cohecho a los altos oficiales militares y civiles para las adquisiciones de los contratos y cuyos sobornados, incluso, tenían como función en las citadas instituciones de hacer el trabajo por el que se pagaba a la empresa privada.
La solicitud de medida de coerción detalla que las distribuidoras de electricidad pagaron por un servicio de seguridad privada a pesar de que esas instituciones cuentan "con un Departamento de Seguridad Interna, encargado formalmente de velar por la protección de su personal, bienes y operaciones".
"A través de esta empresa (Senase) se entregaron sobornos desde mediados del año 2012, aproximadamente. Esta práctica corrupta le permitió a dicha empresa agenciarse jugosos contratos para brindar servicios de seguridad (...) Desde las fases previas de la contratación hasta la ejecución de estos, están marcados por violaciones a la ley, las cuales sirvieron como instrumento para estafar y lesionar los intereses del Estado".
Militares y policías sobornados
La Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (Pepca), que dirige Mirna Ortiz, sometió, además del empresario Rodríguez González, al mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, quien fungió como director de Seguridad de Edesur; y a los coroneles Andrés Pacheco Varela, director de seguridad de Edenorte y de la Fuerza Aérea; Luis Ernesto Vicioso Bocio, jefe de seguridad de Edeeste; el coronel del Ejército Francisco Guarín Fernández, encargado de seguridad de Inaipi; y al coronel Elías Caamaño Pérez.