El proyecto del Código Penal que ya está en una etapa final y que fue aprobado en primera lectura en la Cámara de Diputados, establece sanciones específicas contra los agentes de la Policía Nacional que impidan a los ciudadanos grabar actuaciones como arrestos, allanamientos o registros.
De aprobarse totalmente el artículo 286 de la pieza, se castigaría esta práctica con penas de quince días a un año de prisión menor y multas de hasta el doble del salario del agente involucrado.
El proyecto, aprobado ya por el Senado y a punto de conocerse en la Cámara de Diputados, busca establecer más garantías para las personas privadas de libertad o en procesos de detención en toda una sección de la iniciativa.