“Las auditorías de fiscalización patrimonial realizadas al Boanerges Reyes Batista, las evidencian un incremento patrimonial irracional superior al 300 %”, dijo el organismo mediante una nota de prensa donde indica que estas auditorias fueron realizadas por la Cámara de Cuentas.
De igual forma el MP expresó que el crecimiento desproporcionado del patrimonio del general viola la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, lo que al entender del organismo refuerza las acusaciones por enriquecimiento ilícito y falsedad en las declaraciones.
A pesar de que en la nota de prensa de la entidad fiscalizadora estableció el porcentaje en el que se incrementó el patrimonio del general, no especifica a cuanto ascienden.
El Ministerio Público también presentó el informe patrimonial de Epifanio Peña Lebrón, el cual revela omisiones significativas en su declaración jurada de bienes.
Asimismo, fue escuchada la perito calígrafa Yelida Valdez, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), quien confirmó la falsificación de sellos y firmas correspondientes a Nicole Yomarys González Núñez y Viviana Altagracia Núñez Carmona y utilizada en facturas para justificar pagos de compras ficticias desde el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) a favor de la empresa Meljo Comercial EIRL.
De acuerdo con la acusación, la empresa Meljo Comercial EIRL, al igual que SSA Corporation SRL, fue utilizada únicamente para simular compras en el Cusep y en Cestur, donde los acusados Juan Carlos Torres Robiou y Adán Benoni Cáceres Silvestre autorizaron las supuestas compras, mientras el departamento financiero, dirigido por Rafael Núñez de Aza, se encargaba de completar los expedientes ficticios y librar los pagos.
El dinero era retornado luego al entramado en efectivo oa través de propiedades. Esta empresa simulaba suministrar materiales de limpieza, artículos gastables, así como tóners para impresoras.
Valdez, también, validó la falsificación de los sellos de la Contraloría de las Fuerzas Armadas, los cuales fueron ocupados durante los todos los análisis realizados. Además, certificó que fue falsificada la firma en un depósito de RD$9,000,000 atribuido al general Luis Alberto Coronado Abreu, quien previamente testificó que no había realizado dicha transacción a la cuenta de la empresa Único Real Estate e Inversiones SRL, en una sucursal bancaria ubicada en la avenida Venezuela.
El fiscal Jonathan Pérez Fulcar indicó que la audiencia fue recesada hasta el próximo martes 22 de abril, fecha en la que serán escuchados los fiscalizadores de la Cámara de Cuentas que realizaron los análisis patrimoniales de los acusados Adán Cáceres Silvestre, Franklin Antonio Mata Flores, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo de los Santos Viola.
Las pruebas fueron presentadas el martes por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, como parte del proceso judicial contra los implicados en esta red de corrupción.
Sobre el el caso Coral 5G
De acuerdo con la Pepca, el grupo de acusados, encabezado por los exjefes del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) Adán Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou, distrajo fondos públicos entre 2012 y 2020 mediante compras irregulares de raciones alimenticias, combustibles y el nombramiento de policías y militares, a quienes se les pagaba menos del 30 % de su salario, quedando el resto en manos de la red corrupta.
Entre los acusados figuran el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez; la pastora Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, alias “la Pastora”; su hijo, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán; el coronel Rafael Núñez de Aza, el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, el general de la Fuerza Aérea Julio Camilo de los Santos Viola y José Manuel Rosario Pirón, entre otros.