En este país, como en cualquier otro, el Estado conoce sus cuentas al detalle y sabe bien el alcance del salario, por mínimo o máximo que sea. Conoce bien las mezquindades y excesos de asalariantes y asalariados y domina la especulación excesiva que exhiben las góndolas y tramos del comercio cada día. Por tanto, no necesita armar consensos para definir sus decisiones en materia de salario mínimo, a menos que sea para evitarse reclamos posteriores, especialmente de las grandes mayorías asalariadas que votan en las elecciones…(Esta es la única razón por la que permite el inútil debate de asalariados y asalariantes, que nunca estarán de acuerdo).